El coordinador general del PP de Almería y senador, Miguel Ángel Castellón, ha sido designado como portavoz de la Comisión de Investigación del Apagón cuyas comparecencias comenzarán en el mes de julio con el objetivo de esclarecer las causas del apagón del 28 de abril y dirimir responsabilidades para que no vuelva a repetirse.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado llamará a comparecer en dicha Comisión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el reto Demográfico, Sara Aagesen; a su antecesora en el cargo y actual vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera; y a la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor.
El listado lo completan diversos responsables de decisiones y operaciones de Red Eléctrica, de las suministradoras eléctricas y expertos independientes que puedan arrojar luz sobre las principales causas del apagón, así como las actuaciones necesarias para evitar que vuelva a producirse en un futuro.
Así lo ha solicitado el PP en su propuesta sobre el plan de trabajo, cuyas comparecencias comenzarán en el mes de julio, con el objetivo de esclarecer las causas del apagón del 28 de abril y dirimir responsabilidades para que no vuelva a repetirse.
La portavoz del Grupo Popular, Alicia García, afirma que es imprescindible escuchar a todos los implicados porque según explica “fallaron los protocolos de operación del sistema, los mecanismos de seguridad y por tanto hay una decisión de política energética que se tiene que dirimir”.
Alicia García comparte con Miguel Ángel Castellón que “a día de hoy seguimos sin saber la causa exacta de un apagón que dejó a toda España sin luz y que en el caso de la provincia de Almería, fue la última en restablecer el suministro, para desesperación de los ciudadanos”.
Por su parte, Castellón espera que el Gobierno de Sánchez asuma su responsabilidad y deje de echar balones fuera con el único fin de tapar una incompetencia más de sus políticas erráticas que están llevando a España a una situación límite con un Gobierno asfixiado por la corrupción.
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