Una vez más, la campana de la puntualidad constitucional ha sonado en vano en la capital del Estado. Este martes, 30 de septiembre de 2025, se marca en rojo en el calendario como la fecha límite para que el Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presentase en el Congreso de los Diputados el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026. Y, como si de una tradición ineludible se tratase, el plazo se ha volatilizado sin rastro de las nuevas cuentas... como debíamos presuponer que sucedería, pues prometió lo contrario, que sí, que esta vez los presentaría.
El argumento es irrefutable y seco como el desierto de Tabernas: el Ejecutivo ha vuelto a incumplir por tercera vez consecutiva (tras los ejercicios 2024 y 2025) la obligación que le impone, ni más ni menos, que el artículo 134.3 de la Constitución Española. La Carta Magna establece, de forma meridianamente clara, que el Gobierno debe presentar sus cuentas "al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior", es decir, antes del 1 de octubre. Es una obligación con rango de ley fundamental que, en el actual mandato, se ha convertido en una especie de "asignatura pendiente" crónica.
El último Presupuesto en vigor que salió de las urnas y el debate parlamentario es el de 2023, que fue registrado por la entonces ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero Cuadrado, el 6 de octubre de 2022. Aquel ya llegó fuera de plazo, pero, al menos, fue un proyecto. Los ejercicios siguientes han vivido, vivimos, en la incierta niebla de la prórroga presupuestaria.
¿Qué significa esto para Almería y para Andalucía? Pues que, un año más, nuestras inversiones y prioridades siguen secuestradas por unas cuentas que nacieron en un contexto económico y político que ya no existe. Es como intentar conducir por la Autovía del Mediterráneo (A-7) mirando por el espejo retrovisor.
Los PGE no son una mera tabla de números; son la hoja de ruta económica de un Estado, la brújula que orienta las inversiones en infraestructuras cruciales para nuestra provincia, como el tramo vital de la Alta Velocidad (AVE) o el impulso a nuestros proyectos hídricos. Un Presupuesto prorrogado significa inercia, no impulso. Significa que los nuevos proyectos que necesita la provincia de Almería —aquellos que podrían paliar déficits históricos— quedan aparcados o dependen de 'parches' y modificaciones presupuestarias a golpe de decreto, un método que merma el control del Parlamento, donde reside la representación de la soberanía popular.
La reincidencia del Gobierno de coalición en el incumplimiento presupuestario no es solo un fallo formal; es una anomalía democrática que se cronifica. La inestabilidad política, con las negociaciones permanentes con los socios parlamentarios y la dificultad para aprobar el techo de gasto, se usa como excusa para eludir una responsabilidad fundamental.
Y en esta dinámica, Almería, una provincia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se siente, una vez más, en la periferia de la toma de decisiones. Necesitamos un presupuesto con la mirada puesta en el futuro, no anclado en el pasado, para gestionar adecuadamente los fondos europeos y afrontar los retos singulares de nuestra agricultura, nuestro turismo y nuestra industria.
La prórroga se ha convertido en una herramienta de gestión antes que en una excepción. Una tirita sobre una herida abierta. Mientras el presidente Sánchez garantiza que presentará cuentas y agotará la legislatura, su Ejecutivo ya da por descontada la prórroga de los presupuestos de 2023 para el ejercicio 2026. Esta práctica constante no solo tensa la cuerda constitucional, sino que proyecta una imagen de debilidad e ineficiencia en la planificación económica del Estado que, a la postre, terminamos pagando los almerienses.
Esperar un presupuesto nuevo y adaptado a la realidad es, hoy por hoy, un ejercicio de fe. Y mientras esa fe se desvanece, nuestra provincia sigue a la espera de un rigor presupuestario que, por ley, debería ser la norma y no la excepción.
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