No es la primera vez que trato el tema, pero es que siempre, después de publicar los datos de desempleo, no puedo evitar volver a echar cuentas. Cuando la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, nos habla con optimismo de la caída de la tasa de temporalidad en España gracias a la reforma laboral de 2022, la gente de a pie, especialmente en nuestra Almería, se pregunta: ¿dónde está ese bienestar? La respuesta está en la letra pequeña, esa que nos dice que la precariedad laboral no ha desaparecido, sino que simplemente se ha disfrazado.
Los datos no mienten, aunque a veces se les fuerce a contar una historia feliz. El gran titular es el auge del contrato indefinido, sí, pero la realidad que late bajo esa capa de maquillaje estadístico es demoledora: la duración media de los contratos temporales se ha desplomado a mínimos históricos. El argumento que me ocupa apunta a 37,82 días; otras fuentes lo sitúan en torno a los 45 días de media a inicios de 2025, un hundimiento dramático de más del 15% respecto a años anteriores. En cualquier caso, el tiempo de vida de un contrato temporal es ridículamente corto.
Es una paradoja cruel. Mientras se impulsaba el contrato fijo, se ha desatado una fiebre de contratación efímera. Más del 70% de los contratos temporales no alcanzan siquiera el mes de duración, y casi el 40% (38%) ni siquiera resisten una semana. Esto no es estabilidad, es una danza de entradas y salidas de la Seguridad Social que mantiene a miles de trabajadores en una constante incertidumbre vital.
Piense en nuestra provincia, Almería. La campaña agrícola, con su pico de recogida, o la temporada turística en el Levante y el Poniente, son caldos de cultivo perfectos para esta contratación de usar y tirar. La temporalidad ya no es un puente hacia la estabilidad; es un carrusel de 37 días que condena a las familias a vivir al dictado del calendario laboral, con la mochila siempre a cuestas y la nómina bajo mínimos.
Pero, ¿cómo se logra este "milagro" de bajar la temporalidad en España? La clave de bóveda de esta reforma, impulsada por el Gobierno de coalición, ha sido la figura del contrato fijo discontinuo (FDD). Este tipo de contrato ha absorbido gran parte de lo que antes era temporal, pero su opacidad sigue siendo un agujero negro informativo.
Según datos recientes, nuestra Comunidad Autónoma de Andalucía es, junto a Baleares y Cataluña, una de las regiones que más recurre a este contrato. En 2024, se estima que hasta un 17,3% de los FDD se concentraron en Andalucía, siendo además una modalidad que afecta especialmente a los jóvenes (casi la mitad de los FDD de 2024 fueron para menores de 30 años) y, en gran medida, al sector servicios y agrario, pilares de la economía almeriense.
El fijo discontinuo saca a miles de trabajadores de la estadística del paro cuando están "activos", pero no los incluye en el desempleo cuando están "inactivos" si no se inscriben como demandantes. Los datos aflorados del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para 2024 sugieren que la cifra de fijos discontinuos en inactividad y apuntados al paro es de varios cientos de miles de personas. La ministra Díaz se resiste a consolidar esta cifra con claridad, pero es evidente que esta figura ha maquillado el paro y la temporalidad sin garantizar un empleo estable de todo el año.
Y la precariedad tiene otra vía de escape silenciosa: el despido en periodo de prueba. Las empresas están recurriendo cada vez más a esta vía para romper contratos indefinidos sin coste ni justificación, un atajo legal que convierte la supuesta estabilidad en una simple prueba de fuego, a menudo superada solo para ser despedidos a los pocos meses. En 2023, los despidos en España superaron los 600.000, un récord histórico. Esto nos demuestra que el problema de la precariedad es estructural en el mercado laboral del Estado, no solo contractual.
En Almería, donde la vida se rige por la urgencia de la campaña, la precariedad de 37 días y el parpadeo del fijo discontinuo son el pan de cada día. La reforma laboral ha sido una aspirina para una enfermedad crónica. Ha cambiado el nombre de los contratos, sí, pero no ha alterado la cultura empresarial de la baja remuneración y la alta rotación.
Si queremos una provincia de Almería fuerte, y una Comunidad Autónoma de Andalucía próspera en un Estado español justo, necesitamos que el Gobierno no solo se enfoque en la cantidad de empleos, sino en la calidad. La estabilidad no se decreta, se construye con contratos que duren, que permitan a los almerienses planificar una vida, conseguir una hipoteca y dejar de ser rehenes del contrato de temporada. Lo demás, por mucho que nos lo vendan desde Madrid, es simple ilusionismo estadístico.
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