La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en la provincia de Almería ha calificado como una "emergencia insostenible" la situación operativa que atraviesa el Puesto Principal de la Guardia Civil en Roquetas de Mar. Esta entidad denuncia una sobrecarga de trabajo que ha resultado en varios agentes requiriendo asistencia médica por cuadros de ansiedad.
La actual crisis se atribuye a una combinación de factores, entre ellos la falta crónica de medios, el notable incremento en la llegada de inmigrantes irregulares a la provincia, y, de manera particular, la ruptura unilateral de un protocolo de custodia de detenidos por parte de la Policía Local de Roquetas de Mar. En respuesta a esta situación, la AUGC ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo, con el fin de revertir un escenario que, según la asociación, se halla al borde del colapso humano y material.
Desde el pasado 1 de julio de 2025, la Policía Local roquetera ha implementado una modificación en su operativa que implica dejar de asumir la custodia de los detenidos una vez que estos han sido asistidos por letrado. Esta decisión ha provocado que las patrullas de la Guardia Civil se vean obligadas a efectuar traslados de detenidos largos e innecesarios a otras demarcaciones de la provincia, mencionándose puntos como Adra e incluso Garrucha, debido a la limitada capacidad de las instalaciones propias. Esta dinámica operativa resulta en una pérdida significativa de efectivos en la vía pública, un aumento injustificado del tiempo de privación de libertad de los ciudadanos y la posibilidad de una vulneración de derechos fundamentales.
La interrupción de esta colaboración institucional se añade a un contexto ya crítico, marcado por la escasez de vehículos y una sobrecarga laboral que ha impactado gravemente la salud mental de los miembros del cuerpo. En este verano, la provincia ha experimentado un aumento del 30% en la llegada de inmigrantes irregulares, lo cual ha saturado los recursos humanos y materiales. A ello se suma la precariedad del parque móvil, con la carencia de vehículos adecuados —especialmente los de tipo mampara—, y los problemas de mantenimiento, lo que convierte los traslados en operaciones de riesgo.
La AUGC ha criticado además las medidas que califican de “cosméticas”, señalando que es el personal operativo el único que asume las consecuencias de las nuevas cargas de trabajo, como los “servicios específicos de patrullas terrestres por todo el litoral”, que obligan a las unidades a abandonar sus demarcaciones habituales e incrementan su agotamiento.
El llamamiento urgente al Defensor del Pueblo busca que se instruyan las actuaciones necesarias para restablecer de manera inmediata el protocolo de custodia de detenidos. El objetivo es garantizar la eficiencia del servicio público y evitar los traslados innecesarios que perjudican tanto a los detenidos como a los agentes. De igual forma, se ha solicitado al Defensor que pida información detallada que cuantifique el perjuicio causado, incluyendo datos como el número y la duración media de los traslados efectuados desde julio, el estado actual del parque móvil y una comparativa del tiempo medio de custodia antes y después de la ruptura del protocolo. La asociación ha expresado su incomprensión ante la ruptura de una colaboración que previamente funcionaba de forma eficaz, enfatizando que los nuevos problemas recaen siempre sobre el personal operativo que trabaja en las calles.
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