La Junta de Andalucía ha decidido remitir a la Fiscalía toda la información relacionada con el caso de Sandra Peña, quien ha sido víctima de acoso escolar. Esta acción se enmarca dentro de un contexto en el que se ha denunciado que el colegio no activó ni el protocolo correspondiente al acoso ni el de conductas autolíticas.
Además, se abrirá un expediente administrativo para investigar las circunstancias del caso. Las familias de los compañeros de clase de Sandra han expresado su preocupación por la ausencia de medidas adecuadas, afirmando que existe una "mano de seda con los acosadores".
Acciones y Reacciones
La decisión de la Junta busca garantizar que se tomen las medidas necesarias ante situaciones tan graves como el acoso escolar y sus consecuencias. La falta de respuesta adecuada por parte del centro educativo ha suscitado críticas entre los padres, quienes consideran que es fundamental proteger a los estudiantes y asegurar un ambiente escolar seguro.
El caso ha generado un amplio debate sobre la efectividad de los protocolos existentes en las instituciones educativas y la necesidad de implementar acciones más contundentes para abordar estas problemáticas.
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