Hay pocos espectáculos tan desoladores para un profesional de la información como asistir a la instrumentalización de las fuentes y, peor aún, a la conversión de la comunicación institucional en un riesgo penal. Lo que ha trascendido de las declaraciones en el Tribunal Supremo sobre el caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, es mucho más que una anécdota política: es una lección magistral sobre cómo la prisa por "ganar el relato" puede dinamitar la credibilidad de las altas instituciones del Estado y contaminar el ecosistema periodístico.
El testimonio del jefe de prensa de la Fiscalía Superior de Madrid, Íñigo Corral, es la clave que destapa la presión interna. Él no solo se opuso a publicar la nota de prensa con las conversaciones del abogado del empresario con el Ministerio Fiscal, sino que temió desde el principio las consecuencias penales. Afirmó haber comunicado "por escrito" a la Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra de Inés, que divulgar esos datos podía acarrear un problema judicial. Esta advertencia, por parte de un periodista institucional, refleja una línea roja infranqueable que se estaba a punto de cruzar.
Todo, al parecer, por una orden directa del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que, según se ha relatado, se resumió en una frase: "Almudena, nos van a ganar el relato". Esta confesión subraya cómo la gestión de la verdad se supeditó a la estrategia política de la comunicación. La urgencia por contrarrestar la narrativa pública, presuntamente difundida desde la Comunidad de Madrid, se impuso sobre la cautela legal.
El pulso de Corral fue tal que, ante el controvertido primer borrador de la Fiscalía General del Estado, redactado por Mar Hedo, llegó a amenazar con dimitir si se le obligaba a difundirlo. Un acto de integridad que debería hacer reflexionar a cualquier periodista que trabaje en un gabinete: el rigor profesional debe estar siempre por encima de la obediencia ciega a una orden jerárquica, especialmente si esa orden vulnera principios legales o éticos.
El segundo punto, que toca directamente la fibra sensible de nuestra profesión, es el de la filtración. Mar Hedo, directora de Comunicación de García Ortiz, admitió que la nota que ella confeccionó, siguiendo las indicaciones telefónicas del Fiscal General la noche del 13 de marzo de 2024, fue publicada por El País a las 7:14 horas del día 14, horas antes de su distribución oficial al resto de medios.
El abogado de González Amador, Gabriel Rodríguez-Ramos, acertó al señalar la obviedad: "¡Es decir, qué también se ha filtrado la nota!". La respuesta de Hedo, que "se filtran muchas cosas en España", no solo es insuficiente, sino que normaliza una práctica que es corrosiva para el periodismo honesto y para la confianza en las instituciones.
Para el periodista que cubre información de tribunales (y yo me tiré unos cuantos en el TSJA para La Crónica), o que depende de gabinetes de prensa para acceder a datos oficiales, este episodio es un recordatorio amargo:
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Fuentes sesgadas: La filtración selectiva busca premiar a unos medios y castigar a otros, manipulando la agenda.
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Competencia desleal: La primicia obtenida por una filtración interesada anula el esfuerzo de otros medios que esperan la comunicación oficial por canales rigurosos.
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Riesgo legal: Al hilo de lo anterior, se confirma que el contenido de la filtración no solo era sensible, sino que su divulgación desde la Fiscalía ha derivado en una investigación (imputación, en términos antiguos) contra el propio Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos.
La intensa demanda informativa que, según Hedo, obligó a actuar con rapidez para no "extender la sospecha" sobre la falta de independencia de la Fiscalía es un argumento que se desmorona ante el riesgo asumido y sus consecuencias. En este caso, la batalla por la imagen y el relato no solo se ha perdido, sino que ha arrastrado consigo la credibilidad de la Fiscalía General del Estado como institución imparcial en todo el Estado español.
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