El Gobierno del Estado, formado por una coalición entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar –una plataforma que agrupa distintas sensibilidades políticas con voces tan relevantes como la de la Vicepresidenta Segunda, Yolanda Díaz Pérez–, sufre una debilidad congénita: la falta de una mayoría parlamentaria robusta. Esta inestabilidad no es una anécdota, sino el factor que anula la capacidad de acción de un Ejecutivo cuyo objetivo declarado es la "transformación social".
Un Gobierno debe promover leyes; es su principal herramienta para la gestión y la mejora de la vida pública. La Constitución obliga a la presentación anual de los Presupuestos Generales del Estado. No obliga, es cierto, a su aprobación —eso es el resultado de la negociación y el voto en el Congreso de los Diputados—, pero sí a su entrega ante las Cámaras. La incapacidad para sacar adelante la hoja de ruta económica o, incluso, la dificultad manifiesta para presentarla en tiempo en ciertos ejercicios, nos lleva directamente al nudo gordiano: si un Gobierno no tiene votos para legislar, ¿para qué sirve?
Esta parálisis no solo viene de fuera. Es un Ejecutivo que se consume en la fricción interna. Si ya es difícil gobernar sin los apoyos suficientes en el Congreso, la tarea se convierte en un laberinto si las propias corrientes de la coalición –el PSOE por un lado, y las distintas alas de Sumar por otro– mantienen líneas políticas divergentes. El programa de cualquier fuerza política queda reducido a una mera declaración de intenciones si la aritmética en la Carrera de San Jerónimo lo condena a la irrelevancia.
Este Ejecutivo se envuelve en una falsa prosperidad, una realidad paralela que desmiente la cruda estadística a pie de calle.
La realidad económica es implacable. El control de la inflación, que es vital para la prosperidad, sigue siendo un desafío. Por mucho que el salario mínimo interprofesional aumente, el incremento descontrolado de los precios –con una tasa de variación anual que se mantiene en niveles altos– neutraliza cualquier ganancia. La subida salarial se convierte en un factor que retroalimenta la espiral inflacionista, sin que el ciudadano perciba una mejora real en su poder de compra.
La pobreza en el Estado ha crecido. La pobreza infantil, en particular, se mantiene en tasas inaceptablemente altas, por encima del 29%. La situación de la vivienda, ya sea en el alquiler o en la compra, es sensiblemente peor que hace una década, con precios desorbitados que expulsan a los jóvenes almerienses del acceso a una vida independiente.
Se celebran los datos de empleo, pero la realidad de la precariedad laboral y la elevada tasa de desempleo juvenil persiste. Si la economía del Estado marchara tan bien como se describe en las estadísticas oficiales, no se justificaría el malestar económico generalizado que se percibe a pie de calle.
En medio de esta impotencia legislativa, se utiliza como banderín de gestión la continuidad de grandes obras en la provincia, como la llegada del Tren de Alta Velocidad (AVE) de la línea Murcia-Almería, esencial para la vertebración del Corredor Mediterráneo. Las obras de soterramiento en la capital y el desarrollo de los tramos han seguido adelante, con el objetivo de culminar la llegada del AVE a la ciudad en 2027, con una inversión ejecutada que supera los 2.400 millones de euros en el tramo Murcia-Almería.
Sin embargo, que la maquinaria del AVE siga funcionando no es, precisamente, mérito de la actual capacidad de gobierno. Es la prueba de que se trata de un proyecto de Estado con un presupuesto plurianual aprobado en ejercicios anteriores. Se trata de una inversión blindada, con partidas ya contempladas en el desarrollo presupuestario a largo plazo y que, además, recibe cuantiosas inyecciones de fondos de la Unión Europea, como los 411 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) destinados a la construcción de tramos clave. Es decir, el tren sigue su camino no por la potencia actual del motor del Gobierno, sino por la inercia de una inversión previa y, sobre todo, por el dinero que llega desde Bruselas.
Recientemente el PSOE provincial presumía de los millones de euros que el Gobierno de España invertirá en Almería, y ponía el acento en la gestión de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que curiosamente es la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía. Pero lo cierto es que el dinero lo pone Europa, y que el Gobierno lo único que hace es repartirlo a los proyectos presentados en función de una serie de criterios: ni pone el dinero ni hace los proyectos, ni los ejecuta luego.
Cualquier otra inversión que no tenga ese blindaje plurianual o ese sostén europeo se vuelve prácticamente imposible. El Estado está viviendo con un Gobierno que no gobierna, que no puede generar legislación propia ni inversión nueva, y que sencillamente se limita a administrar el flujo de dinero europeo y a gestionar proyectos ya iniciados. La situación es tan precaria que si el Estado tuviera una legislación presupuestaria de "cierre" como la que rige en Estados Unidos, el Ejecutivo, al carecer de la aprobación de sus propios Presupuestos Generales, podría verse forzado a la paralización de sus funciones y al no pago de sus funcionarios.
El Gobierno del Presidente Sánchez no está pilotando el país; está viajando como pasajero en un tren que otros diseñaron y que Europa está subvencionando. Y mientras esa parálisis se consume en el Consejo de Ministros y en el Congreso, la prosperidad y el bien de la gente, lo que de verdad importa en Almería, sigue esperando en vía muerta.
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