Parece que en esta provincia tenemos una extraña afición por las segundas partes —será por lo de tierra de cine—, aunque el dicho popular insista en que nunca fueron buenas. El pasado martes, Almería se despertó con el sobresalto de lo que los periodistas, en nuestro afán por etiquetarlo todo, hemos bautizado como la "segunda fase" de la operación mascarillas. El resultado: cinco detenidos, un revuelo mediático de proporciones bíblicas y, en el centro de la diana, Javier Aureliano García, presidente de la Diputación Provincial. Tras prestar declaración el jueves, con dos noches de calabozo a sus espaldas, y a petición de la propia Fiscalía, todos han sido puestos en libertad con cargos. Están en la calle, sí, pero con una mochila invisible cargada de piedras que difícilmente les dejará caminar erguidos en el corto plazo.
Y aquí es donde uno, con la ceja levantada y cierto escepticismo crónico, se hace la pregunta del millón: ¿Y ahora, hasta cuándo?
Para entender la magnitud del despropósito temporal en el que nos movemos, basta con mirar por el retrovisor. Entre los detenidos de esta nueva hornada figura, otra vez, Óscar Liria, quien fuera vicepresidente de la institución supramunicipal hasta que la Guardia Civil llamó a su puerta en 2021. En aquel entonces, Javier Aureliano actuó con la contundencia que se espera en estos casos: destitución fulminante y fuera de la política. Han pasado cuatro años. Cuatro largos años en los que la vida sigue, pero la justicia, al parecer, se toma su tiempo para el café.
Resulta tragicómico recordar lo que el propio Liria declaró en la comisión de investigación del Congreso: desde aquella detención de 2021, nadie volvió a ponerse en contacto con él. Ni una llamada, ni un requerimiento de documentos, ni una citación. Nada. El vacío absoluto. Un limbo legal donde uno no sabe si sigue imputado, si se han olvidado de él o si su expediente calza la pata de una mesa en algún juzgado. Y de repente, cuatro años después, otra vez detenido. Si esto fuera una serie de Netflix, diríamos que el guion hace aguas; pero como es la realidad judicial de este Estado, simplemente nos encogemos de hombros.
La situación de Javier Aureliano García nos coloca ante un abismo similar, pero con una proyección pública mucho mayor. No estamos hablando de un actor secundario, sino de la máxima autoridad de la provincia, un político con una enorme proyección y un futuro prometedor. Hoy está en libertad con cargos, pero su honorabilidad ha sido puesta en el disparadero público y su gestión, inevitablemente, bajo sospecha. Yo no sé si es inocente o culpable; eso, en teoría, lo tiene que decidir un tribunal. La cuestión es cuándo.
Porque la "pena de telediario" ya está cumplida. La foto saliendo o entrando del juzgado ya está hecha. ¿Qué pasa si ahora el juez tarda tres o cuatro años en volver a llamarlo? ¿Y si durante un lustro no le piden ni un papel más? ¿Qué ocurre si, dentro de cinco años, la causa se archiva? Para entonces, la carrera política de uno de los activos con mayor proyección de su partido habrá quedado reducida a cenizas. Es posible que su formación le exija abandonar el cargo —aquí hemos visto de todo— o que él decida resistir, pero el daño es irreparable.
Pongamos un ejemplo socialista. ¿Recuerdan a Martín Soler? Otro prometedor político que fue secretario provincial del PSOE, concejal, parlamentario, senador... y consejero del Gobierno andaluz. Imputado durante años. Al final, archivo de la causa en lo que al respecta... pero él, fuera de la política.
La justicia, para ser tal, debe ser justa, pero imperiosamente debe ser rápida. Especialmente en casos donde la materia prima del acusado es su reputación. Si un albañil es acusado de un delito grave, puede seguir poniendo ladrillos con la misma maestría mientras espera sentencia; la rectitud de su muro no depende de su moralidad. Pero en política, la confianza es la argamasa. Si a un gestor público se le acusa de meter la mano en la caja del dinero de todos, la duda es letal porque se le examina cada cuatro años y los partidos no quieren perder elecciones.
Imaginemos el escenario: juicio dentro de tres años, sentencia dentro de cinco, recursos y absolución definitiva dentro de ocho. ¿Quién le devuelve a Javier Aureliano esos ocho años? ¿Quién repara el destrozo profesional y personal si al final resulta que no había nada? Y ojo, que si es culpable, la ciudadanía también tiene derecho a saberlo antes de que cambien las modas y hayamos olvidado por qué nos indignamos.
Volvamos al ejemplo para entenderlo. Lo haremos con culpables que están en libertad. Operación Poniente. Los principales condenados están en libertad tras ser detenidos en 2009. Entre la instrucción, el juicio, y los recursos... no pisarán El Acebuche. Es decir, que Javier Aureliano podría estar con su honestidad en entredicho 20 años.
Los cinco detenidos de este jueves durmieron anoche en sus casas, sí. Pero la pregunta sigue rebotando en las paredes de la Ciudad de la Justicia y en los despachos de la Plaza Bendicho: ¿Hasta cuándo van a estar con cargos? Porque en este país, a veces, la espera es una condena mucho más dura que la propia sentencia.
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