La Audiencia Nacional, a través de su Sala de lo Penal, ha confirmado la decisión de prorrogar por un máximo de dos años la medida cautelar de prisión provisional comunicada y sin fianza impuesta a un investigado que tiene domicilio fijo en Almería, en el marco de una causa relacionada con el tráfico de drogas a gran escala. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal
ha desestimado el recurso de apelación presentado por la representación legal del investigado, ratificando así los autos dictados por el Juzgado Central de Instrucción número 2, con fechas 3 y 7 de noviembre de 2025.
El recurso de apelación se interpuso contra la resolución del Juzgado Central de Instrucción número 2, que acordó la prórroga de la prisión a partir del 9 de noviembre de 2025. La defensa del investigado alegaba, en esencia, la insuficiencia de la motivación de los autos, y que su cliente se encontraba privado de libertad por un solo hecho delictivo, que es la incautación de 410 kilogramos de cocaína. Además, argumentaba que habían cambiado las circunstancias iniciales, destacando que ya se descartaba su intervención en delitos de tráfico de migrantes y contrabando, así como en otras dos incautaciones de cocaína. La defensa también subrayó que el investigado es español, carece de medios económicos, es insolvente, al igual que su entorno familiar, y cuenta con domicilio fijo en Almería. Se señaló también que el investigado lleva privado de libertad dos años. Con la prórroga acordada por un máximo de dos años más, contados a partir del 9 de noviembre de 2025, el investigado podría acumular un total de hasta cuatro años en prisión provisional cuando finalice este plazo.
Pese a que la defensa señaló que al investigado no se le menciona en los informes como dirigente, cabecilla, jefe o cualquier otra expresión que denote dirección o mando de la organización delictiva, la Audiencia Nacional ha considerado la importante gravedad de los hechos que se le atribuyen: la participación en la incautación de 410 kilogramos de cocaína, posiblemente integrado en una organización delictiva dedicada al tráfico de drogas a gran escala. La pena que podría corresponderle por la comisión de estos hechos está comprendida entre los 9 y 12 años de prisión.
El tribunal ha valorado que la posibilidad de enfrentarse a una larga pena de prisión determina un alto riesgo de sustracción a la acción de la Justicia. Aunque se admitió que el investigado no parece ser imputado como dirigente de la organización delictiva, el tribunal recordó que las posibles conexiones del investigado con individuos dotados de altas posibilidades económicas y contactos con países extranjeros, permitirían su ocultación. La sala incidió en que la sola residencia del investigado en Algeciras, sin constar una actividad laboral lícita a la que pudiera dedicarse, tampoco reduce significativamente ese riesgo de fuga, sino que lo incrementa, al no tener fuertes lazos, salvo los familiares, para mantenerse localizable.
En consecuencia, el tribunal ha concluido que la prórroga del plazo máximo de prisión provisional acordado en el auto recurrido resulta necesaria para asegurar la conclusión del procedimiento, aunque ha señalado que se debe imprimir la mayor celeridad posible a su tramitación, dada la privación de libertad de varios de los investigados. La resolución de la Audiencia Nacional, notificada a las partes, indica que contra la misma no cabe recurso alguno.
Almería-Gibraltar
La provincia de Almería, dada su posición geográfica en el Mediterráneo occidental, mantiene una relevancia estratégica en el circuito de las grandes operaciones de narcotráfico que tienen como origen o destino el sur de la Comunidad Autónoma y el Estado español. Históricamente, el arco que va desde el Estrecho de Gibraltar hasta el Levante, incluyendo la costa almeriense, ha sido utilizado por organizaciones delictivas como puerta de entrada de grandes alijos de drogas, especialmente cocaína y hachís, que son posteriormente distribuidos al resto de Europa.
La proximidad de la provincia a la costa de Marruecos y su conexión marítima con otros puntos del Mediterráneo facilitan que las redes de narcotráfico utilicen la costa almeriense como zona de desembarco o como punto logístico de operaciones. El caso de la persona investigada con domicilio en Almería, cuya prisión provisional ha sido prorrogada por la Audiencia Nacional, se enmarca en este contexto de tráfico de drogas a gran escala, al atribuírsele una participación en la incautación de 410 kilogramos de cocaína.
Las operaciones de incautación de grandes alijos, como la mencionada, reflejan la importante actividad delictiva en la zona, donde las organizaciones criminales invierten importantes recursos logísticos y financieros. Estas redes no solo se limitan a introducir la droga, sino que establecen infraestructuras de procesamiento y adulteración, como el laboratorio clandestino desmantelado recientemente en Sorbas, que operaba con cocaína y la elaboraba a partir de sustancias precursoras.
El alto riesgo de fuga que la Audiencia Nacional ha considerado en el caso de la persona investigada almeriense se fundamenta en las posibles conexiones con individuos dotados de altas posibilidades económicas y contactos en países extranjeros, elementos habituales en este tipo de organizaciones de tráfico internacional. Esto subraya la complejidad y el carácter transnacional de las redes que operan en la zona.
La lucha contra estas organizaciones es una prioridad constante para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con operaciones que requieren una alta coordinación entre distintas unidades policiales, tanto dentro de la Comunidad Autónoma como con otras provincias y jurisdicciones, para desmantelar las estructuras logísticas y financieras que sostienen el tráfico ilícito de drogas en Almería y el resto del Estado español.
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