A estas alturas, en esta provincia donde el sol no solo calienta, sino que a veces nos derrite las entendederas, ya deberíamos estar curados de espanto ante el espectáculo mediático. El último capítulo de nuestra tragicomedia tiene como protagonista a un Julio Iglesias que, a sus años, ha pasado de ser el truhan y el señor que todos conocemos a convertirse en el centro de un laberinto judicial que huele más a estrategia de despacho que a búsqueda de justicia.
Hace apenas unos días, la Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió dar carpetazo a las denuncias de dos extrabajadoras que acusaban al cantante de delitos de agresión sexual, trata de seres humanos y acoso laboral. Según el relato de las denunciantes, la vida en las mansiones del Caribe era un "Gran Hermano" de lo ginecológico: se les exigía documentación médica, pruebas de enfermedades de transmisión sexual y hasta ecografías pélvicas para mantener el puesto. Una intromisión que, de confirmarse, sitúa a Iglesias más cerca de un señor feudal con delirios de higiene que del galán que susurraba baladas.
Sin embargo, lo que chirría en este caso no es la catadura moral del personaje —que ya sabíamos que siempre ha sido un "baboso" de la vieja escuela—, sino el escenario elegido para el duelo. Julio Iglesias reside en República Dominicana, las denunciantes no son españolas y los hechos ocurrieron en Bahamas y el Caribe. ¿A quién se le ocurrió que la Audiencia Nacional, en España, tenía algo que decir aquí? No hace falta haber estudiado Derecho en la UAL para entender que el archivo por falta de jurisdicción, basado en el artículo 23.5 de la LOPJ, era la crónica de un naufragio anunciado.
Mientras tanto, en la arena política, la coherencia brilla por su ausencia. Hemos visto a una izquierda que, con el "yo sí te creo" por bandera, ha corrido a pedir la retirada de calles y honores al cantante, basándose en denuncias ante la Fiscalía que aún no eran ni proceso judicial. Curioso, cuanto menos, ver esa vehemencia en quienes miraron hacia otro lado o tardaron siglos en reaccionar con los escándalos internos de Más País (el caso de Íñigo Errejón) o las sombras que han acechado a figuras del PSOE.
Por el otro lado, la derecha ha salido en tromba a proteger el "patrimonio cultural" que representa Julio, exigiendo presunción de inocencia hasta el juicio final, cuando hace bien poco pedían cabezas y crucifixiones públicas por acusaciones similares en el bando contrario. Unos y otros utilizan el dolor o la evidente y repulsiva "babosidad" del artista como arma arrojadiza, mientras el ciudadano de a pie asiste atónito a este teatro de sombras.
La pregunta que queda flotando sobre la bahía es: ¿por qué ahora y por qué aquí? Si las afectadas querían justicia, lo lógico era acudir a los tribunales del lugar de los hechos. Presentar una denuncia en España, sabiendo que el archivo era inevitable por pura competencia territorial, huele a chamusquina. ¿Buscan los abogados un titular fácil? ¿Es esto el preludio de un intento de chantaje fallido que termina en "vendetta" reputacional?
Julio Iglesias podrá ser un tipo indeseable en las distancias cortas y un anacronismo con patas en lo que a respeto a la mujer se refiere, pero este artificio jurídico parece más una cuestión de intereses cruzados que un deseo genuino de reparación. Nos queda un nombre manchado y un sistema judicial utilizado como altavoz de una guerra cultural que a los almerienses, francamente, nos pilla trabajando bajo el plástico.
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