La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera ha dado un paso significativo en la instrucción del caso que conmocionó a la provincia de Almería el pasado 3 de diciembre, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un menor de cuatro años. La autoridad judicial ha citado a declarar a diversos compañeros y personas del entorno íntimo de la madre del pequeño con el objetivo de arrojar luz sobre las circunstancias que rodearon la presunta muerte violenta. Estas comparecencias, fijadas para el próximo 19 de febrero a las 10,30 horas, buscan reconstruir el clima de convivencia y los sucesos previos a que el cadáver fuera localizado en un búnker de la zona costera. Asimismo, se ha librado un oficio a la Policía Judicial de Garrucha para localizar a otros dos testigos clave que deberán personarse esa misma jornada ante el magistrado.
La investigación se encuentra en un momento jurídico complejo debido a la cuestión de competencia que debe resolver la Audiencia Provincial de Almería. El procedimiento, que se inició en el juzgado de guardia número 4, se enfrenta a la disyuntiva de si debe ser asumido por el Juzgado de Instrucción número 1 de Vera, especializado en violencia sobre la mujer. Mientras la Fiscalía y el órgano instructor inicial aprecian indicios de violencia vicaria, bajo la premisa de que el principal investigado —pareja sentimental de la madre— habría acabado con la vida del menor para causar un daño irreparable a la mujer, el juez de violencia ha rechazado inicialmente la causa. Este último sostiene que no existen pruebas suficientes de que la madre fuera una víctima instrumentalizada, sugiriendo que ella misma podría haber participado en las decisiones que llevaron al fatal desenlace y a la posterior ocultación del cuerpo, a pesar de que el hombre tenía vigente una orden de alejamiento que ambos incumplían al convivir.
Por su parte, la defensa del investigado trata de reconducir el caso hacia un presunto homicidio imprudente motivado por la ignorancia médica o cultural. Según esta tesis, la muerte no fue un acto deliberado, sino la consecuencia de una negligencia grave tras someter al menor a prácticas de curanderismo. El letrado defensor sostiene que el niño fue fuertemente medicado y sometido a maniobras físicas en el abdomen para tratar una supuesta dolencia gástrica. Para apuntalar esta versión, se han aportado a la causa 22 audios de la aplicación WhatsApp en los que los implicados discutirían estas técnicas. La defensa también alega que su representado no estuvo presente en el momento de la ocultación del cadáver en el búnker, ya que existen registros de que a esa hora se encontraba en una agencia de viajes adquiriendo un billete hacia Madrid, antes de realizar un llamamiento a su propia entrega voluntaria ante la Guardia Civil sobre las 22,30 horas de aquel mismo día.
Este trágico suceso ha puesto de relieve el debate sobre la protección de los menores en el Estado español cuando existen medidas de alejamiento previas entre los progenitores y sus parejas. Los hechos ocurridos en Garrucha mantienen a la sociedad almeriense a la espera de los informes periciales definitivos que determinen si la causa de la muerte fue la asfixia o las lesiones internas provocadas por las supuestas maniobras de sanación. Mientras tanto, la actividad judicial en la Plaza 3 de Vera no se detiene, tratando de desgranar la responsabilidad real de cada uno de los adultos en la muerte de un pequeño que pasó sus últimas horas entre fármacos y rituales antes de ser abandonado en una estructura de hormigón junto al mar.
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