El Ayuntamiento de Almería ha dado el primer paso para transformar la fisonomía de sus calles con la aprobación inicial de la nueva Ordenanza General de Movilidad Urbana. Un texto "ómnibus" que pretende regular de forma integral desde los vehículos de movilidad personal (VMP), como los patinetes eléctricos, hasta el estacionamiento de caravanas y las restricciones de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).
Sin embargo, lo que el equipo de gobierno presenta como un hito de modernización, la oposición lo ha recibido como un documento restrictivo, tardío y que hurta el debate democrático al trasladar decisiones clave a la Junta de Gobierno Local.
Vox denuncia un "rodillo" que diluye el control democrático
El portavoz de Vox, Juan Francisco Rojas, ha sido especialmente crítico con el formato de la ordenanza, denunciando que obligar a votar en un mismo bloque materias tan dispares como los patinetes y las caravanas es un error estratégico. "Nos obligan a votar un 'sí' o un 'no' a cuestiones que afectan a colectivos e impactos totalmente distintos", ha lamentado Rojas, quien considera que el tema de las caravanas en Almería requiere una planificación urbanística y de infraestructuras que la ordenanza no resuelve. Según el portavoz, el texto se limita a regular si una caravana "saca un toldo o calza una rueda", pero ignora la proliferación descontrolada de estos vehículos en zonas costeras sin espacios adecuados.
Rojas ha cruzado además una "línea roja" al señalar que la ordenanza traslada decisiones esenciales —como quién puede circular y en qué condiciones— del Pleno a la Junta de Gobierno Local. "Por mucha mayoría absoluta que tengan, una Junta de Gobierno ejecuta, pero no decide el contenido esencial de la norma. Estamos renunciando a nuestra función como representantes de la ciudadanía", ha advertido, anunciando enmiendas estructurales para evitar lo que considera un blindaje judicial de la norma.
El PSOE critica la "alergia a la participación" y la falta de medios
Por parte del Grupo Socialista, la portavoz Fátima Herrera ha celebrado que "por fin" se regule el uso de los patinetes, pero ha recordado que la ordenanza llega con un retraso de dos años desde que se sometió a consulta pública en marzo de 2024. Herrera ha acusado al equipo de gobierno de actuar con "soberbia" y "por la puerta de atrás", negando borradores previos a la oposición hasta dos días antes de la comisión. "Tienen ustedes una alergia absoluta a la participación", ha sentenciado.
Entrando en el fondo del texto, el PSOE ha denunciado que la normativa mantiene una "lógica restrictiva" heredada de la ordenanza de 2024, basada en prohibir y sancionar en lugar de fomentar alternativas. Herrera ha puesto el foco en la inseguridad jurídica que genera el artículo 31, que regula el estacionamiento de bicis pero olvida mencionar explícitamente a los patinetes, a pesar de que el casco ya es obligatorio y se imponen edades mínimas. "Toda la carga recae sobre el usuario, pero ¿dónde están los carriles bici seguros? ¿Dónde están las zonas habilitadas para aparcar? Sin medios ni pedagogía, esto es un brindis al sol", ha recriminado la portavoz, vinculando el uso del patinete a la necesidad económica de muchos almerienses ante un transporte público que "no funciona como debería".
El equipo de gobierno defiende la adaptación a la normativa estatal
La concejal de Movilidad Sostenible, María del Mar García Lorca, ha rechazado las acusaciones de retraso y falta de rigor. Ha argumentado que la Ley de Movilidad estatal es muy reciente y que el consistorio ha trabajado con celeridad para adaptar la norma local a las directrices de la DGT. "Hablar solo cuando tus palabras valgan más que tu silencio", ha espetado a Vox, defendiendo que la movilidad de personas, mercancías y las zonas de bajas emisiones están intrínsecamente ligadas y deben regularse de forma conjunta.
García Lorca ha defendido que la ordenanza busca una movilidad "responsable, segura y accesible" y ha recordado que ahora se abre un periodo de información pública de 30 días para que colectivos y ciudadanos presenten alegaciones. "Es una ordenanza hecha entre todos y para todos", ha afirmado la edil, quien confía en que el texto definitivo entre en vigor a lo largo de este año 2026 para poner orden al caos circulatorio que, según admitieron los propios concejales, afectó incluso al inicio de la sesión plenaria de hoy.
La aprobación inicial ha salido adelante, pero con la promesa de la oposición de dar batalla en el periodo de alegaciones para que la norma deje de ser un instrumento meramente recaudatorio y pase a ser una verdadera estrategia de movilidad sostenible para la provincia.
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