Polémica por la privatización de los centros deportivos en Almería durante tres décadas

La gestión de las instalaciones deportivas municipales en Almería vuelve a situarse en el centro de la controversia política. La coalición Podemos-IU-Verdes ha expresado su firme rechazo a que el nuevo contrato para dirigir los centros Rafael Florido y Jairo Ruiz se extienda por un periodo de treinta años, una duración que el grupo de izquierdas califica de desorbitada y carente de las garantías necesarias para evitar errores del pasado.

Este relevo en la explotación de los complejos deportivos llega tras un prolongado historial de desencuentros entre el consistorio y la anterior prestataria, Supera. El deterioro y el supuesto abandono de las dependencias bajo la antigua administración no solo generaron malestar entre los usuarios, sino que derivaron en un conflicto jurídico que todavía se dirime en las sedes judiciales.

Alejandro Lorenzo, portavoz de Podemos-IU-Verdes, ha sido especialmente crítico con la labor de vigilancia del equipo de gobierno liderado por el PP. Según el representante de la coalición, el escenario vivido en los últimos tiempos evidencia que los populares carecen de la capacidad para supervisar de forma efectiva a las compañías adjudicatarias, incluso en situaciones de evidente degradación del servicio. Lorenzo subraya que la disputa con la anterior empresa ha castigado a la ciudadanía almeriense con unas instalaciones en condiciones lamentables, una lección que, a su juicio, el ejecutivo local no ha asimilado.

La formación advierte que comprometer estos espacios durante tres decenios supone una carga excesiva para el futuro del municipio sin que se hayan establecido mecanismos adicionales de fiscalización que aseguren un correcto funcionamiento por parte de la nueva entidad. En palabras de Lorenzo, «la nueva concesión va a hipotecar al Ayuntamiento durante las próximas ocho legislaturas sin garantías de que no se repita la situación vivida con Supera, ya que no se ha implementado ninguna medida extra de control a la nueva empresa».

Desde la oposición también se pone el foco en una supuesta opacidad generalizada, señalando que el PP obstaculiza la labor de fiscalización de los grupos políticos no solo en el ámbito deportivo, sino también en otros servicios esenciales. Lorenzo sostiene que esta falta de rigor en la gestión y el control de las concesionarias es una constante que afecta a otros sectores como la administración de los camposantos o los acuerdos económicos con Aqualia, asegurando que «el PP no es capaz ni de gestionar los servicios públicos, ni de controlar a las empresas que lo hacen», un déficit que, concluye, termina repercutiendo en el bolsillo y el bienestar de todos los vecinos.