Acusan a vecino de Gádor de corrupción de menores

La justicia española ha dado un paso decisivo en la instrucción de un turbio caso de abusos tecnológicos que vincula directamente a la provincia de Almería. El Tribunal Supremo ha dictaminado que los juzgados almerienses asuman la competencia sobre una parte de la investigación que afecta a un vecino con residencia en Gádor, acusado de un presunto delito de corrupción de menores tras detectarse víctimas en distintas zonas de la geografía nacional.

El modus operandi del investigado seguía un patrón de manipulación digital. Según consta en las diligencias, el hombre establecía contacto con los menores mediante plataformas de internet y aplicaciones de mensajería telefónica. Una vez lograba vulnerar la confianza de los jóvenes, les solicitaba el envío de archivos multimedia de carácter sexual bajo la promesa de diversas gratificaciones. El Alto Tribunal, en un auto con fecha de finales de febrero de 2026, subraya que el sujeto actuaba "con total desprecio por la integridad e indemnidad sexual de los menores", exigiéndoles grabaciones de actos masturbatorios o comportamientos de índole sexual explícita a través de videollamadas.

Aunque las pesquisas originales arrancaron en la localidad gallega de Caldas de Reis, donde se localizaron los primeros cinco afectados, el análisis del terminal telefónico del sospechoso reveló una red mucho más amplia. Entre los datos extraídos por la policía nacional, se identificó la existencia de, al menos, dos víctimas residentes en el partido judicial de Almería. Esta ramificación del caso generó un conflicto de competencias que finalmente ha resuelto la máxima instancia judicial.

De este modo, mientras que la justicia gallega mantendrá el control sobre los hechos que afectan a los menores de su jurisdicción, será el juzgado de Almería el que deba esclarecer lo ocurrido con los dos jóvenes andaluces. El Supremo justifica esta decisión al considerar que la capital almeriense es el lugar donde cristalizaron los elementos principales del homicidio a la intimidad investigado y, fundamentalmente, por ser el domicilio de las víctimas en el momento en que se produjeron los hechos.