La Mesa del Parlamento de Andalucía ha acordado iniciar formalmente el proceso de control sobre la gestión de la obra pública en la provincia. En una sesión celebrada el pasado 11 de febrero de 2026, el órgano rector de la Cámara autonómica calificó favorablemente y admitió a trámite una iniciativa fiscalizadora de gran calado que pone el foco sobre la Diputación de Almería. Esta medida tiene como objetivo principal el examen exhaustivo de los contratos de obras ejecutados por la institución provincial durante un extenso periodo de diez años, comprendido específicamente entre los ejercicios 2016 y 2025.
El procedimiento parlamentario surge a raíz de la propuesta presentada por el PSOE, que busca una revisión detallada de la actividad contractual de la corporación en el ámbito de las infraestructuras y proyectos de construcción, y todo a raíz de la investigación de la UCO de la Guardia Civil en el llamado "caso mascarillas", que ha derivado en varias líneas más, siendo una la presunta adjudicación irregular de obras.
Tras la validación por parte de la Mesa, y en consonancia con lo estipulado en el artículo 187 del Reglamento de la Cámara, la iniciativa ha recibido el respaldo necesario para continuar su curso administrativo. La decisión se ha formalizado tras las deliberaciones pertinentes que aseguran que la solicitud cumple con los requisitos normativos vigentes en el Estado español para este tipo de acciones de fiscalización y control administrativo.
El desarrollo de esta labor inspectora no se llevará a cabo en el pleno de forma directa, sino que se ha derivado a un órgano especializado para garantizar un análisis técnico y profundo de toda la documentación aportada. De este modo, la Mesa, previo acuerdo con la Junta de Portavoces y conforme al artículo 187.2 del citado Reglamento, ha dictaminado que la iniciativa se tramite ante la Comisión de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social. El expediente ha quedado registrado oficialmente bajo la numeración 12-26/IFC-000001, marcando así el inicio de una etapa de supervisión que afectará a numerosos proyectos desarrollados en los diversos municipios que integran la geografía de Almería.
Los plazos y la formalidad del proceso han quedado sellados con la orden de publicación emitida el 19 de febrero de 2026 por el letrado mayor del Parlamento de Andalucía, Manuel Carrasco Durán. A partir de este momento, se abre un escenario de transparencia sobre la gestión de los recursos públicos destinados a obras en la provincia durante la última década. El resultado de esta fiscalización será determinante para conocer el rigor administrativo con el que se han adjudicado y ejecutado las partidas destinadas a mejorar las infraestructuras de los ciudadanos almerienses, garantizando que el dinero público haya sido empleado conforme a la legalidad y el interés general en cada rincón de Almería.
Agenda
Si (
No(
