Andalucía atraviesa la que posiblemente sea su peor crisis desde la Transición. La vivienda se ha convertido en la primera preocupación de nuestras familias, el freno principal para nuestros jóvenes y el motor de una desigualdad que amenaza con fracturar el tejido social de nuestra tierra. En Andalucistas creemos que la solución es atacar la raíz del problema: la especulación inmobiliaria. Combatir esta especulación permitiría, al mismo tiempo, construir 30 mil viviendas asequibles al año.
La pre-campaña ya nos ha dejado ver que los diversos partidos proponen como primera medida la distracción ante la emergencia. VOX habla de burkas, el PP de la "convivencia" de Moreno, el PSOE saca pecho en lo económico, la macedonia de izquierdas estatales sigue debatiendo, y Adelante apuesta por combatir la derecha. Dentro de sus programas, vemos que las propuestas sobre vivienda no traen sorpresas. VOX propone expulsar inmigrantes en cantidades que ni Trump ha conseguido expulsar. El PP saca pecho por un plan de VPO a precios exhorbitantes que no cubre ni de lejos la demanda anual. El PSOE ha soltado cifras de construcción y presupuesto que, aparte de ser insuficientes, no se sabe muy bien de donde salen. La izquierdas estatales reunidas proponen hacer lo que no han hecho en todos estos años de coalición estatal. Adelante propone control al precio de los alquileres y otros paliativos: algo digno, pero insuficiente.
Todas estas formaciones tienen algo en común: abordar, mejor o peor, los síntomas sin extirpar la raíz: la especulación inmobiliaria. La solución la hemos tenido siempre a la vista, en el legado de quien mejor entendió el alma y la economía de esta tierra: Blas Infante. Al analizar profundamente sus ideas sobre la Reforma Agraria y la justicia social, los Andalucistas hemos rescatado un mecanismo económico potente que ahora adaptamos a la realidad del siglo XXI para garantizar el derecho a un hogar digno. Ambas propuestas nacen de la misma raíz económica que entiende la propiedad del suelo no como una mercancía para la especulación, sino como un recurso con una función social que debe beneficiar a quien la trabaja o la habita.
La Reforma Agraria buscaba acabar con el latifundio improductivo para convertir al jornalero en dueño de su destino, nuestro plan combate el "latifundio urbano" grandes propietarios de vivienda vacía y fondos de inversión que asfixian a nuestras ciudades. En esencia, no estamos inventando nada nuevo, sino trasladando la sabiduría Infantista del campo a la ciudad: lograr que el andaluz deje de ser súbdito de un propietario ausente para convertirse en soberano de su propio hogar. Es otra capa más de profundidad en "pedid tierra y libertad".
No se trata de gastar más impuestos de los trabajadores, sino de hacer justicia fiscal. Los Andalucistas hemos diseñado el Fondo de Regulación de Uso del Suelo de Andalucía (FRUSA). El mecanismo es sencillo de entender: el suelo es un recurso limitado que pertenece a los andaluces, y quien lo mantiene improductivo o especula con él, debe contribuir al bienestar común. La FRUSA establece un impuesto sobre el valor del suelo (que no de la construcción), que a su vez premia el uso productivo y castiga la especulación.
Si el contribuyente es una familia andaluza con su vivienda habitual, un autónomo que trabaja en su local o una cooperativa que genera empleo, pagará una cantidad mínima o estará exento. Sin embargo, si el contribuyente acapara viviendas vacías o es un propietario no residente que mantiene la vivienda con cualquier propósito que no sea la residencia y a la espera del mejor precio para vender, la contribución será significativa. Esto no es un castigo caprichoso; es un incentivo económico poderoso para que esas miles de viviendas vacías salgan al mercado bajando los precios de forma natural por la ley de la oferta y la demanda. Un cambio significativo, porque se estima medio millón de viviendas vacías en capitales y zonas turísticas: los sitios donde los ciudadanos necesitan vivir por trabajo.
La relevancia económica para el votante es inmediata. Con los fondos recaudados por quienes hoy especulan, financiaremos la construcción de 30.000 viviendas asequibles solo en el primer año. No hablamos de "vivienda protegida" que luego se vende a precio de mercado, sino de un modelo de concesión de uso al ciudadano a largo plazo. Proponemos mantener el suelo público, garantizando que la vivienda no se convierta en objeto de especulación futura. Los ciudadanos podrán acceder a su primera vivienda con precios ajustados a la inflación y al salario mínimo, accesible para jóvenes, mayores y familias, liberando así sus rentas para reactivar el comercio y la economía local de nuestros pueblos y ciudades.
Resolver la crisis de la vivienda no es solo una cuestión social; es la palanca definitiva para el desarrollo económico de Andalucía. Al liberar a las familias del peso de alquileres abusivos o hipotecas impagables, aumentamos su capacidad de consumo. Al construir masivamente, generamos empleo estable y cualificado en el sector de la construcción y auxiliares. Con mucha vivienda disponible, estabilizamos los precios del mercado inmobiliario. Al frenar la especulación, atraemos inversión productiva en lugar de financiera.
Andalucía no necesita más promesas vacías ni soluciones importadas que no entienden la idiosincrasia en la que nos desenvolvemos. Necesitamos recuperar la soberanía económica y social. Este plan, ejecutado con la determinación de quienes sabemos que es la última oportunidad para nuestra tierra, es viable, justo y necesario. Es hora de dejar de mirar al espejo retrovisor del estado español y de empezar a construir, desde nuestra propia identidad y fuerza, el hogar que los andaluces merecen.
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