El exvicepresidente Fernando Giménez se niega a declarar por el 'caso Mascarillas'

El desarrollo de la investigación penal sobre la supuesta red de comisiones ilícitas en la Diputación de Almería ha vivido una jornada crucial en los tribunales de Almería. Fernando Giménez, quien fuera vicepresidente segundo de la corporación, ha decidido acogerse a su derecho constitucional a no declarar ante el juez instructor del caso Mascarillas Manuel Rey Bellot, en un día en el que también comparecieron varios empresarios salpicados por las pesquisas de la Guardia Civil.

Giménez llegó a la sede judicial a primera hora de la mañana mostrando una actitud calmada y rechazando hacer manifestaciones ante los medios de comunicación. El exdirigente se encuentra bajo investigación por la presunta comisión de delitos que abarcan la malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación y fraude en la contratación. Su defensa, ejercida por el letrado José Luis Labraca, ha optado por una estrategia de prudencia a la espera de que avancen las diligencias judiciales, prestando especial atención al análisis de la documentación y los soportes informáticos incautados a finales del año pasado en los registros efectuados en el Palacio Provincial y en propiedades privadas.

Las sospechas de la Guardia Civil sitúan al exvicepresidente en el núcleo de toma de decisiones de la trama. Según los indicios recopilados, los implicados presuntamente utilizaban un canal de comunicación privado bautizado como 'Naranjito' para pactar presuntas 'mordidas' vinculadas a contratos públicos gestionados desde 2016. En estas conversaciones se empleaban supuestos códigos de índole dental, con expresiones textuales como "me tengo que hacer una limpieza", "necesito empastarme dos o tres muelas", "tengo las muelas picadas" o "sácame cita para el dentista la semana que viene que estoy que no puedo comer". La causa penal se originó a raíz de un expediente de dos millones de euros para adquirir material de protección sanitaria durante la crisis de la covid-19, un contrato que supuestamente conllevó un sobrecoste que rozó el millón de euros y del que los investigadores consideran que Giménez fue el principal promotor.

Por otra parte, la sesión judicial también incluyó las declaraciones de cuatro socios pertenecientes a la mercantil OYC Servicios Urbanos. Esta empresa está bajo sospecha de haber sido empleada de forma encubierta por el antiguo alcalde de Fines y su hijo para beneficiarse de adjudicaciones públicas de la institución provincial y del propio municipio de Fines. Durante los interrogatorios, en los que los investigados respondieron únicamente a sus defensas, sostuvieron versiones coincidentes y negaron rotundamente haber ejercido como hombres de paja para camuflar la presencia de los antiguos responsables políticos. No obstante, desde la acusación popular que ejerce el PSOE, el abogado Javier Salvador ha señalado que las declaraciones mostraron un desconocimiento llamativo sobre las actividades y obras concretas que ejecutaba la propia sociedad, marcando distancia con el testimonio del anterior administrador del negocio, quien el día previo se autodefinió ante el juez como un mero mandado.