En el teatro de la política estatal, los guionistas se están quedando sin ideas coherentes, pero les sobra imaginación para la censura procedimental. El último episodio de este sainete se vivió este martes en la Mesa del Congreso, donde la mayoría conformada por el PSOE y Sumar, capitaneada por la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, decidió mediante una apresurada ronda telefónica —y votación por WhatsApp incluida— inadmitir las enmiendas que el PP y Junts pretendían incorporar a una moción. ¿El pecado de la iniciativa? Algo tan supuestamente subversivo como instar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a disolver las Cortes Generales y convocar elecciones anticipadas ante la patente debilidad de su ejecutivo.

Lo verdaderamente pasmoso de la jugada no es el veto en sí, sino el creativo argumento jurídico que se han sacado de la manga sin contar siquiera con un informe escrito de los letrados de la Cámara. Sostiene la Mesa, con el portavoz socialista Patxi López ejerciendo de exégeta constitucional en los pasillos, que el Congreso no puede debatir sobre un adelanto electoral porque convocar comicios es una "prerrogativa exclusiva" del presidente. Es decir, que como la potestad final recae en Pedro Sánchez, a los diputados ni les compete votar que se le sugiera. "De eso no se habla", parece ser la nueva consigna en el templo de la soberanía popular del Estado.

Si aplicamos esta extravagante teoría al día a día de la gestión pública, la parálisis institucional en los niveles inferiores sería digna de estudio académico. Imaginen que un ayuntamiento de cualquier municipio de la provincia de Almería aprueba una moción para instar al Gobierno de Andalucía a construir un colegio de educación primaria o a mejorar las Urgencias de un centro de salud. Siguiendo la flamante doctrina de la Mesa del Congreso, la iniciativa debería ser destruida de inmediato en el registro, dado que las competencias en materia educativa y sanitaria pertenecen en exclusiva a la Junta de Andalucía y no al consistorio local.

Bajo la misma regla de tres, resultaría directamente ilegal que los ayuntamientos almerienses o el propio Parlamento andaluz aprobaran resoluciones para instar al Gobierno de España a terminar de una vez por todas las eternas obras del AVE. Como la infraestructura ferroviaria de alta velocidad es una competencia estricta y exclusiva del Estado, debatir sobre la urgencia de conectar la provincia con el resto de la red ferroviaria sería una invasión intolerable de competencias presidenciales y ministeriales. Qué paradoja tan flagrante: precisamente se insta a una administración superior a hacer algo porque la institución que lo solicita carece del poder para ejecutarlo por sí misma. Se llama iniciativa política elemental, aunque en los despachos de Madrid empiece a computar como concepto de alto riesgo.

La verdadera razón de este cerrojazo parlamentario no radica en un repentino purismo constitucional, sino en el más puro pánico escénico. Pedro Sánchez teme encontrarse con el nítido reflejo de su propia soledad parlamentaria plasmado en el diario de sesiones. Si la enmienda que defendía la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, hubiese llegado al pleno de la Cámara, el Gobierno se habría arriesgado a constatar un secreto a voces: que en estos momentos solo cuenta con el respaldo de sus propios ministros. El resto del hemiciclo desea unas elecciones generales inmediatas, pero se encuentra atrapado en un laberinto táctico. Los socios de investidura no están dispuestos a secundar una moción de censura propuesta por Alberto Núñez Feijóo porque eso implicaría retratarse junto a los votos de Vox.

Tampoco cabe esperar que el presidente recurra voluntariamente a una cuestión de confianza para comprobar la solidez de sus apoyos. Sabe perfectamente que la perdería. Y aunque la lógica constitucional estipula que la pérdida de la confianza parlamentaria obliga a la dimisión en bloque del Gobierno, en el manual de resistencia de la Moncloa las obligaciones morales cotizan a la baja. No hay más que mirar el artículo 134.2 de la Carta Magna, que establece textualmente la obligación del Ejecutivo de presentar los Presupuestos Generales del Estado ante el Congreso cada año. El actual Gobierno ha demostrado que si las mayorías no le son propicias, sencillamente decide no presentarlos, prorroga las cuentas anteriores y el Estado sigue funcionando por pura inercia, ignorando el mandato constitucional sin que se mueva una sola pestaña en el Consejo de Ministros.

Con este panorama de resistencia numantina a las urnas, resulta casi tierno el intercambio dialéctico vivido este miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Ante la insistencia de Alberto Núñez Feijóo reclamando la disolución de las Cortes, el presidente del Gobierno ha proclamado con solemnidad que va a haber elecciones generales y que se cumplirá el mandato constitucional. Menos mal. Es un alivio constatar que, dentro de los planes del Ejecutivo para el Estado, todavía se contempla la celebración de comicios en algún momento del horizonte democrático. Solo faltaría que el libre derecho al voto también pasara a ser considerado una molesta e intolerable invasión de las prerrogativas presidenciales.