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Amparo económico para sus productores de almendra por heladas

Amparo económico para sus productores de almendra por heladas
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El sector agrario provincial y la Junta de Andalucía fijan los criterios para acceder a unos fondos de diez millones de euros que también cubren daños por temporales y apoyan el relevo generacional

jueves 18 de junio de 2026, 20:02h
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La provincia de Almería se situará como una de las principales beneficiarias del nuevo diseño de ayudas específicas orientadas a paliar los severos daños causados por las heladas en el cultivo de la almendra. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en funciones de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha presidido este jueves la Mesa de Interlocución Agraria, un encuentro clave en el que se ha alcanzado un consenso definitivo con las organizaciones agrarias profesionales y las cooperativas agroalimentarias para perfilar los criterios de reparto de estos fondos destinados a las explotaciones almerienses, así como a las ubicadas en Granada, Málaga y Jaén.

Este paquete económico, integrado en el marco de las medidas de emergencia aprobadas con motivo del reciente tren de borrascas, contará con un presupuesto global que rondará los diez millones de euros. El titular del ramo en funciones ha explicado que las subvenciones establecerán una diferenciación clara entre los cultivos de secano, regadío y producción ecológica, con la finalidad de ajustar los pagos de manera proporcional a las pérdidas reales sufridas por cada productor. Para poder acceder a estas transferencias financieras, los agricultores afectados deberán acreditar una merma mínima del 30 por ciento en el potencial productivo de sus respectivas explotaciones.

Además de concretar el amparo al sector almendrero, la reunión de trabajo ha servido para evaluar el estado de ejecución y el pago de las diversas líneas de ayudas directas y actuaciones de urgencia impulsadas por la administración autonómica a raíz de los temporales. En este sentido, se ha constatado que todas las obras planificadas se encuentran actualmente en marcha. El desglose de las inversiones de emergencia contempla una partida de 67,6 millones de euros asignada a la reparación y mejora de caminos rurales, así como un montante de 14,5 millones de euros dirigido a optimizar las infraestructuras de riego de las comunidades de regantes. Asimismo, se destinan 98,3 millones de euros a las tareas de reparación de cauces y otros 37,7 millones de euros para la rehabilitación de infraestructuras hidráulicas dañadas.

Por otro lado, Fernández-Pacheco ha desglosado el impacto de las políticas destinadas al relevo generacional en el campo, destacando que una convocatoria de 130 millones de euros permitirá la incorporación de más de 2.450 nuevos profesionales al sector primario. Esta línea de apoyo complementa la estrategia desarrollada durante los últimos siete años y medio, un periodo en el que se han concedido incentivos por un valor acumulado de 343 millones de euros para facilitar la entrada de más de 5.640 jóvenes en la actividad agraria de la comunidad a través de diversas convocatorias oficiales.

La mesa de interlocución también ha fijado una postura común frente al Gobierno central para reivindicar una posición de fuerza en las negociaciones que se librarán en el seno de la Comisión Europea respecto a la futura Política Agraria Común para el periodo comprendido entre 2028 y 2034. El consejero en funciones ha insistido en la necesidad de trasladar un mensaje unánime para exigir al Ejecutivo central que defienda las mejores condiciones posibles para garantizar la rentabilidad y la competitividad de los agricultores y ganaderos, asegurando que el territorio reciba justamente lo que merece. Al respecto, la postura defendida de manera conjunta rechaza la desaparición de los fondos específicos de la PAC, reclamando la creación de un fondo independiente estructurado en dos pilares que preserve la capacidad de diseñar las políticas de desarrollo territorial, al tiempo que se descartan nuevos cambios en el modelo regional de ayuda a la renta y cualquier tipo de rebaja presupuestaria en el Estado español.

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