La Audiencia de Almería dictará sentencia sobre la polémica compra del Palacio de Almanzora

El destino legal del exalcalde de Cantoria, Pedro Llamas, ha quedado visto para sentencia en la Audiencia de Almería. El Ministerio Fiscal y la acusación particular solicitan una pena de cuatro años de cárcel y otros 17 de inhabilitación absoluta para el ejercicio de cargos públicos, acusándolo de haber cometido presuntos delitos de malversación y prevaricación al intentar adquirir de forma irregular una parte del Palacio de Almanzora en el año 2009.

A esta dura petición de condena se ha sumado formalmente el propio Ayuntamiento de Cantoria, cuya estrategia jurídica sostiene que el antiguo regidor obró a sabiendas de que la operación vulneraba la legalidad vigente. Según las tesis acusatorias, la compraventa se pactó de forma privada con un particular por una cuantía de 360.000 euros, ejecutándose por completo al margen de la normativa, ya que carecía de un expediente administrativo formal, dotación presupuestaria idónea o los obligatorios informes de carácter técnico y jurídico.

Durante el desarrollo de las sesiones del juicio oral, comparecieron como testigos el secretario municipal de aquella época, el propietario que vendió la porción del inmueble y un agente de la guardia civil que lideró las indagaciones del caso. Este último detalló ante el tribunal que las condiciones del contrato de compraventa se cerraron de manera informal en un establecimiento hostelero situado en la zona de Artés de Arcos, en la ciudad de Almería.

Por su parte, la defensa legal de Llamas ha remarcado que el propósito del exalcalde siempre estuvo guiado por el beneficio patrimonial de la localidad, buscando asegurar para el pueblo un edificio de gran relevancia histórica. Sin embargo, las pesquisas demuestran que las arcas municipales llegaron a desembolsar de forma fraccionada 40.400 euros entre los años 2011 y 2012, dinero que ya ha sido depositado en el juzgado. Los órganos de control interno, como Intervención y Secretaría, emitieron reiteradas advertencias y objeciones legales contra estos pagos que el entonces alcalde anuló sistemáticamente mediante decretos de Alcaldía, ocultando además estas resoluciones al Pleno municipal para evitar la fiscalización de su gestión. Finalmente, el Palacio nunca llegó a integrarse en los bienes del municipio.