Se llama lawfare, y es el último truco de magia patentado por el Gobierno de Pedro Sánchez y su fiel infantería mediática, pero que cada vez es más complicado que el espectador se lo crea. Un comodín argumental que sirve para todo: barre la casa, justifica las derrotas electorales y, sobre todo, sirve de escudo preventivo ante cualquier sospecha judicial que ronde a la factoría de La Moncloa.
La última pirueta de este melodrama judicial ha tenido lugar este mismo 16 de julio de 2026. La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado que Begoña Gómez, consorte del presidente del Gobierno, y su asesora, Cristina Álvarez, se sentarán en el banquillo para ser juzgadas por un jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. La noticia ha caído como un jarro de agua fría en las filas socialistas, que ya tenían impreso el folleto de quejas contra los jueces de carrera.
Y aquí es donde entra en escena el siempre sutil y moderado ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Estado, Óscar Puente. Con esa finura diplomática que le caracteriza, no ha tardado ni un segundo en desemfundar su cuenta de la red social X para calificar de "casualidad" la resolución judicial, insinuando que busca desviar la atención de la opinión pública respecto al dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la amnistía. Ya en junio, cuando el juez de instrucción Juan Carlos Peinado determinó abrir esta vía de enjuiciamiento, Óscar Puente lo tachó directamente de "ignominia".
Pero detengámonos un momento a analizar este berrinche con la frialdad de quien cuenta cajas de hortalizas en una cooperativa del Poniente almeriense.
Si, según la narrativa oficial del sanchismo, el aparato judicial del Estado español está carcomido por una judicatura reaccionaria empeñada en perpetrar un "golpe judicial" contra el legítimo Gobierno, ¿no debería ser un jurado popular la mayor bendición imaginable? Despojarse de las togas presuntamente sesgadas y dejar el destino de Begoña Gómez en manos de nueve ciudadanos de a pie parece, sobre el papel, el triunfo definitivo de la democracia directa.
Además, el propio Ejecutivo y sus socios insisten machaconamente en que gozan del respaldo de una amplísima "mayoría social" en todo el Estado, desde Andalucía hasta el rincón más septentrional de la península. Si aplicamos la matemática elemental del censo obtendremos que un jurado popular se elige por sorteo puro a partir del censo electoral provincial, y si esa "mayoría social" de la que presumen es abrumadoramente partidaria de las fuerzas progresistas, la probabilidad estadística dicta que la mayoría de esos nueve ciudadanos simpatizará con el bloque del presidente del Gobierno, y en consecuencia, la mujer de Pedro Sánchez debería jugar en un terreno de juego sumamente empático, libre de los temidos "fachas con toga".
¿Por qué entonces el enfado monumental de Óscar Puente y la plana mayor socialista? ¿Por qué temen tanto al veredicto de esa ciudadanía soberana a la que tanto apelan?
La respuesta es tan sencilla como cínica. La queja sistemática no nace de un debate sobre las garantías del procedimiento, sino de la constatación de que las pruebas —que la Audiencia de Madrid ha considerado sólidas para mantener la acusación de malversación y tráfico de influencias— son lo suficientemente contundentes como para que el juicio huela a condena. Ante la inevitable colisión con la realidad, la estrategia consiste en deslegitimar el tablero entero antes de que empiece la partida.
El plan de contingencia comunicativo ya está diseñado y es de una plasticidad asombrosa: Si a Begoña Gómez la juzgara un tribunal de magistrados profesionales y resultara condenada, el relato sería el de siempre: un caso flagrante de lawfare ejecutado por jueces de derecha recalcitrante; y si la juzga un jurado de ciudadanos corrientes y llega al mismo resultado condenatorio, el relato mutará sin despeinarse: se argumentará que el jurado popular es manipulable, carece de conocimientos técnicos y se ha dejado intoxicar por la "fachosfera mediática" y por las instrucciones sesgadas del juez Juan Carlos Peinado.
Es una situación de "cara gano yo, cruz pierdes tú". El objetivo final no es defender la inocencia con datos, sino blindar el relato de la infalibilidad política. El verdadero lawfare no está en las togas ni en los sorteos del censo; está en la factoría de ficción de un Gobierno empeñado en convencernos de que, si la realidad no encaja con su verdad, el problema es de la realidad. Y aquí, bajo el sol que calienta los invernaderos y las playas de Almería, sabemos de sobra que por mucho plástico que le pongas al campo, la verdad siempre termina saliendo a la luz.
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