Investigación a concejales de Carboneras por el Algarrobico

Investigación de la Fiscalía sobre concejales de Carboneras por el caso Algarrobico

La Fiscalía Provincial de Almería ha iniciado una investigación para determinar si los siete concejales del Ayuntamiento de Carboneras, que en el Pleno municipal del 17 de junio decidieron aplazar la votación sobre la nulidad de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico, incurrieron en un posible delito de prevaricación administrativa. De estos ediles, dos son no adscritos y cinco pertenecen al PSOE.

Esta decisión del Ministerio Público se produce tras una denuncia presentada por la asociación ecologista Salvemos Mojácar, apenas dos días después de la sesión plenaria. La organización considera que la actuación de los concejales representa una "desobediencia inadmisible" y un "acto de prevaricación manifiesta", al incumplir lo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Detalles sobre las diligencias y respuestas del Ayuntamiento

Fuentes jurídicas han informado a Europa Press que, dentro de las diligencias preprocesales, la Fiscalía ha solicitado al Ayuntamiento carbonero el acta del Pleno donde se acordó dejar sobre la mesa la propuesta respaldada por el Consejo Consultivo de Andalucía (CCA). Esta propuesta se refería a la revisión de oficio de la licencia otorgada a Azata del Sol en enero de 2003.

A pesar de que en un Pleno posterior, celebrado el 7 de julio, se aprobó finalmente la nulidad de dicha licencia con los votos a favor del alcalde Salvador Hernández (CS) y otros siete concejales —dos de ellos expedientados por su abstención en la primera votación—, la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía considera "presumible" que pueda haberse cometido un delito, según lo señalado en la denuncia presentada por los ecologistas.

Reacciones y consecuencias políticas

En respuesta a esta situación, el Ayuntamiento ha proporcionado a la Fiscalía toda la información solicitada, incluyendo informes jurídicos adicionales si fuera necesario. La denuncia presentada por el colectivo ecologista también fue llevada ante los Juzgados de Vera e iba dirigida específicamente contra los concejales que optaron por dejar sobre la mesa el expediente: José Luis Amérigo, Ángeles Carrillo, Felipe Cayuela, Francisco Capel, Vanesa Fuentes, Mariana Esteban e Isabel Hernández.

Dichos concejales rechazaron como "falsos" los argumentos que justificaban su necesidad de nuevos informes antes de tomar una decisión, dado que ya contaban con un dictamen favorable del CCA. Según su perspectiva, esta actuación constituía una "triquiñuela inaceptable" para prolongar una cuestión que lleva más de 20 años marcada por lo que consideran "rebeldía institucional". Además, el PSOE ha abierto un expediente disciplinario y anunciado la expulsión temporal de los cinco concejales implicados, incluyendo a su portavoz hasta ahora, José Luis Amérigo.

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