La representación institucional del Gobierno en la provincia de Almería ha salido al paso para desmentir tajantemente la relación entre el hombre detenido el pasado domingo por tocamientos en El Ejido y los flujos migratorios registrados el pasado mes de julio en Ceuta. Frente a las manifestaciones difundidas por la alcaldesa del municipio, Julia Ibáñez, la administración estatal sostiene que el investigado se encontraba asentado en el país desde mucho antes de dicho episodio.
Según han precisado desde la Subdelegación, los responsables municipales eran conocedores de que el individuo lleva más de doce meses residiendo en el territorio del Estado, a pesar de que su procedencia remota se vincule a la ciudad autónoma. Con esta aclaración se matizan las palabras de la regidora del PP, quien había atribuido el suceso a "las consecuencias de la invasión de Ceuta consentida por Pedro Sánchez".
El desencadenante de la polémica fue la captura del varón por parte de la policía del municipio ejidense, efectuada de manera inmediata después de que una víctima solicitara auxilio a los servicios de emergencia tras sufrir una agresión sexual por tocamientos. Sobre el arrestado constaban ya antecedentes penales por la comisión de otros delitos.
A raíz de esta intervención, la primera edil publicó un mensaje en sus redes sociales en el que calificó lo ocurrido como algo "muy grave" y denunció una supuesta "falta de control" en los accesos fronterizos. En su comparecencia, la munícipe exigió explicaciones al titular del Ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre la llegada del arrestado a la comarca y la existencia de posibles autorizaciones de traslado. Asimismo, sostuvo que la protección de la ciudadanía no se negocia, solicitando la expulsión del país para quienes delincan en situación irregular y un refuerzo de medios para los efectivos policiales.