Un empresario del sector automovilístico asentado en La Puebla de
Vícar ha asumido una pena de dos años de cárcel y el pago de un importe que supera el millón de euros tras ser descubierto con más de 370,5 kilos de sustancias ilícitas en sus instalaciones. La Sección Penal del Tribunal de Instancia de
Almería dictó la sentencia firme después de que el acusado asumiera su responsabilidad durante el juicio, quedando absuelto del delito de tenencia ilícita de armas que se le imputaba en un principio, al retirar la acusación dicho cargo.
El fallo judicial concluye que la nave industrial dedicada a la venta de automóviles servía como punto de almacenamiento para grandes volúmenes de mercancía estupefaciente con destino al mercado ilícito. En la fijación de la pena se han aplicado las atenuantes de confesión tardía y de dilaciones indebidas, motivada esta última por un periodo de inactividad judicial no justificada de casi dos años durante la tramitación de la causa. Además, otras dos personas que figuraban como procesadas en el procedimiento han resultado absueltas al no acreditarse su participación en las actividades ilícitas.
La intervención de las fuerzas de seguridad se produjo a mediados de noviembre de 2020, cuando efectivos antidroga desplegados por la
Policía Nacional y la
Guardia Civil accedieron al recinto para ejecutar una inspección. Durante la actuación, los agentes descubrieron diez fardos que contenían más de 330,5 kilos de cannabis, parte de los cuales permanecían ocultos en el interior de dos turismos de alta gama. Asimismo, intervinieron una bolsa deportiva con 41 paquetes sellados al vacío que sumaban más de 40 kilos de cogollos de marihuana.
El valor total del alijo habría alcanzado una tasación superior a los dos millones de euros en el mercado clandestino. Junto al material estupefaciente, la inspección permitió intervenir diversos vehículos, juegos de placas de matriculación, teléfonos, básculas de precisión y más de 66.000 euros en efectivo junto a 40.800 francos suizos, escondidos en un compartimento secreto en el interior de un mueble.
El acusado justificó la presencia del material asegurando que aceptó custodiar la mercancía a cambio de un pago de hasta 3.000 euros por atravesar apuros económicos. Asimismo, eximió de cualquier implicación al responsable del establecimiento mecánico colindante, aclarando que únicamente le cedía el uso de las instalaciones para estacionar vehículos cuando carecía de espacio suficiente en el suyo.
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