En las administraciones existe una disciplina técnica tan fascinante como costosa: encargar estudios voluminosos, pagarlos con dinero público y, acto seguido, archivarlos en el cajón de las ocurrencias electorales, como por ejemplo el Master Plan del Puerto... pagado, premiado y archivado, o el estudio de movilidad que no contemplaba la peatonalización de Puerta Purchena.
La última muestra de este equilibrismo urbanístico ha estado en la presentación con alborozo de la modificación del Plan Especial para los terrenos que quedarán liberados tras el soterramiento de las vías del tren. En el diseño inicial, concebido cuando las arcas municipales debían apoquinar su parte de la obra junto a ADIF y Renfe, la receta era clara: levantar hasta seis grandes torres de considerable edificabilidad para extraer un valor económico suficiente que permitiese pagar la factura. Sin embargo, al confirmarse la financiación mediante fondos de la Unión Europea, la urgencia monetaria se ha evaporado. Y con ella, de un plumazo, la edificabilidad se ha recortado cerca de un 30% —fijando un máximo de 944 viviendas— para dar paso a la promesa de algún «contenedor cultural» o «centro de innovación» sin definir.
Recientemente publicábamos que la Agenda Urbana Almería 2030, un grueso documento encargo del propio consistorio, advertía con absoluta nitidez sobre un problema que ya aprieta el cuello de la capital de la provincia de Almería: el acceso a la vivienda. Resulta cómico celebrar la tijera a la altura en los suelos liberados mientras el diagnóstico técnico municipal grita justamente lo contrario.
La realidad física de la capital no se modifica con un titular de prensa. Almería padece un estrangulamiento territorial severo, perfectamente acotado por límites geográficos que no entienden de decretos. Al sur, la barrera insalvable del Mar Mediterráneo. Al oeste, el muro de El Cañarete que marca el límite con el municipio de Roquetas de Mar. Al norte, el foso de la autovía A-7 y la mole rocosa de Sierra Alhamilla junto a los estribos de Sierra de Gádor y todos los municipios del área metropolítana (Huércal de Almería, Benahadux...). Y al este, el corsé se aprieta con las servidumbres del aeropuerto, los invernaderos que rodean la Universidad de Almería, y barrios como La Cañada, El Alquián o El Toyo, y la protección ambiental del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. La ciudad, sencillamente, no tiene hacia dónde extender su mancha de aceite.
Frente a este encajonamiento topográfico, los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística dibujan una capital con 203.741 habitantes, consolidada como el sexto municipio más poblado de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Las proyecciones demográficas indican que la provincia roza una senda de crecimiento que la llevará hacia los 800.000 residentes, lo que exigirá en la capital miles de nuevos techos habitacionales de cara a los próximos 10 o 15 años. ¿Dónde pretende el consistorio alojar a las futuras familias si insiste en vetar la edificación en vertical? En concreto, estamos hablando de unso 40.000 habitantes más. La propia Agenda Urbana Almería 2030 señalaba que la única solución matemáticamente viable para garantizar viviendas a precios asequibles en un espacio confinado es crecer a lo alto, no a lo ancho.
Diseñar desarrollos bajitos de dos plantas puede resultar muy fotogénico para vender una idílica estética residencial, pero constituye un auténtico tiro en el pie para el futuro colectivo. Y no solo por el precio del metro cuadrado. Crecer en vertical optimiza radicalmente la prestación de los servicios públicos: la recogida de basuras, la canalización de agua, el alcantarillado o las líneas de autobús urbano son drásticamente más baratos por habitante cuando la población vive concentrada que cuando hay que dar cobertura a kilómetros de viviendas unifamiliares. Por no hablar del mito estético: en la capital abundan barrios de casas bajas desprovistos de cualquier estilo o encanto arquitectónico; los edificios altos, bien diseñados, ofrecen soluciones modernas, atractivas y sobre todo eficientes.
No digo que me parezca bien o mal una u otra cosa, me limito a exponer lo que dice el informe pagado por el Ayuntamiento.
El problema es que la política municipal suele adolecer de una miopía crónica: planifica a cuatro años vista, pensando en la fecha de la siguiente urna, mientras que el desarrollo urbano exige proyectar a 15 o 20 años. Vender hoy la construcción de un gran auditorio o un hito arquitectónico en el suelo liberado del tren da para una excelente foto electoral, pero condena a la ciudadanía de la próxima década a una crisis de habitabilidad sin precedentes. Se está a tiempo de corregir el rumbo, pero para eso se requiere verdadera imaginación técnica y respeto por los propios datos que se pagan.
