La gestión de las infraestructuras del agua en la provincia de
Almería ha vuelto al centro del debate político tras las duras críticas vertidas contra el Ejecutivo autonómico. Desde las filas del
PSOE, el parlamentario Rodrigo Sánchez Haro ha alertado de que la
Junta de Andalucía mantiene retenida una cifra cercana a los 600 millones de euros procedentes de la tasa del canon hídrico. Según el representante socialista, este montante contrapone de forma dramática con la realidad del territorio, donde un nutrido paquete de proyectos comprometidos sigue durmiendo el sueño de los justos sin ver la luz.
La preocupación es máxima en un territorio especialmente castigado por la sequía, en el que se considera inasumible perder un solo recurso hídrico. Los últimos diagnósticos de colectivos ecologistas sobre depuración y saneamiento sitúan a los municipios almerienses en tasas de cumplimiento sensiblemente inferiores al promedio de la Comunidad, ya que la provincia ronda el 60 por ciento frente al más del 71 por ciento registrado a escala autonómica. Para la oposición, esta brecha evidencia un evidente abandono administrativo, a pesar del desembolso que la ciudadanía realiza de forma periódica a través de sus recibos de suministro para financiar estas obras.
Ante este panorama, la formación socialista exige al Gobierno andaluz un paquete de cinco compromisos irrenunciables para reencauzar la situación. Entre las medidas prioritarias destaca el aprovechamiento íntegro del agua regenerada mediante conducciones y tratamientos terciarios que garanticen caudales a precios asequibles para los usuarios y comunidades de regantes. Asimismo, reclaman ampliar la planta desaladora de la capital de
Almería y articular bonificaciones para el sector agrario similares a las que aplica el Gobierno de
España en las instalaciones de titularidad estatal.
La estrategia propuesta también pone el foco en la degradación de los recursos subterráneos, urgiendo intervenciones directas en las masas de agua sobreexplotadas del Campo de
Dalías,
Níjar y el Río Aguas mediante aportes alternativos. A ello suman la necesidad de un plan de choque en saneamiento y una fiscalización transparente para auditar la recaudación real de la tasa hídrica y su traslación exacta a inversiones ejecutadas en los municipios almerienses.
La polémica se agrava además por un fallo de tramitación administrativa reconocido por la propia Consejería con competencia en agua, el cual ha paralizado licitaciones y retrotraído expedientes en todo el ámbito autonómico. En el mapa provincial, este desfase afecta de lleno a 13 proyectos de envergadura valorados en unos 37 millones de euros. Entre las infraestructuras estancadas figuran las depuradoras de localidades como
Huércal-Overa,
Paterna del Río,
Vélez-Rubio,
Vélez-Blanco y
María, además de la red de colectores planeada para las zonas de
Níjar y Fernán Pérez, por lo que se exige la publicación urgente de un calendario real con plazos definidos para el inicio y fin de las obras.
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