Que la jornada de huelga general vivida este pasado 11 de noviembre ha sido el pistoletazo de salida, informal pero descarado, de la campaña electoral para los comicios del próximo 29 de noviembre no lo duda nadie que mantenga cierto contacto con la realidad, porque incluso así ha sido presentada. Se nos vendió como un ejercicio de reivindicación social impulsado por el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y su homólogo en CCOO, Unai Sordo, pero el tufo a precampaña se olía desde la autovía del Mediterráneo. Sin embargo, más allá de la instrumentalización partidista del paro, el episodio invita a reflexionar sobre una constatación demoledora: el alarmante grado de obsolescencia que atenaza tanto a nuestro entramado sindical como a nuestro sistema electoral.
Hablaba hace unos días, al calor de los minutos previos a una rueda de prensa en la capital almeriense, con una figura vinculada a la candidatura de Frente Amplio en la provincia de Almería, encarnada en las listas que encabeza Zacarías Lekal. Entre micrófono y micrófono, comentábamos de forma distendida lo fosilizadas que se han quedado las reglas del juego electoral. Esta persona, que además prepara oposiciones al cuerpo de la Administración y contempla las leyes con el ojo crítico del opositor que se memoriza el Boletín Oficial del Estado, coincidia en un diagnóstico claro: mantenemos vivas estructuras del siglo XIX e inercias de la Transición que hoy carecen de cualquier sentido práctico.
Hablábamos de la normativa electoral, pero déjenme que comience por el universo sindical que ella eludió comentar por razones obvias. Nadie con sentido común cuestiona la necesidad de la representación laboral ni la constitucionalidad del derecho de huelga. Lo que resulta estrambótico es pretender que la idiosincrasia de los sindicatos siga anclada en la época de la Revolución Industrial. El ejemplo paradigmático es el de los llamados piquetes informativos. Hace un siglo —e incluso hace cincuenta años, en los albores de la democracia—, los piquetes cumplían la labor lógica de explicar a los trabajadores a las puertas de los talleres o de los almacenes del puerto los motivos de una protesta, dado que había analfabetismo, que no todo el mundo tenía acceso a las noticias... y ni siquiera había leyes que protegieran tu puesto de trabajo si te significabas sindicalmente. Hoy, en la era de la telefonía inteligente y la sobreinformación inmediata, hasta el último empleado del Polígono Industrial Sector 20 de Almería o de las naves hortofrutícolas del Poniente sabe perfectamente qué se convoca, quién lo convoca y por qué.
Superada la función informativa por la mera realidad tecnológica, el piquete a pie de calle ha degenerado en un anacronismo que con demasiada frecuencia deriva en coacción directa. Cuando la información ya la tiene todo el mundo en el bolsillo, un piquete que bloquea persianas, pincha ruedas de furgonetas o acosa al pequeño comerciante que intenta abrir su negocio deja de ser informativo para convertirse en un piquete coactivo. Obligar a alguien a no trabajar por miedo a represalias o a no poder pagar la luz a fin de mes no es extensión de derechos, es pura intimidación. Que el sindicalismo del siglo XXI mantenga estos métodos como seña de identidad demuestra hasta qué punto sus cúpulas se niegan a asumir que la sociedad ha cambiado, aunque ellos sigan operando como si el papel carbón fuera alta tecnología.
Pero la arqueología institucional no se agota en las sedes sindicales; contamina de lleno el propio sistema electoral, que de eso es de lo que hablamos. ¿Qué sentido tiene mantener el absurdo paripé de la precampaña? Desde el mismo instante en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, firma el decreto de disolución de las Cortes Generales y convoca la votación para el 29 de noviembre, todos los partidos entran en modo electoral descarado. Sin embargo, la legislación obliga a una comedia de enredo donde los candidatos recorren la provincia de Almería desgranando sus promesas y atizando al rival, pero sin pronunciar formalmente la frase de pedir el voto. Es una hipocresía normativa sonrojante. A ello se suma la surrealista prohibición de publicar encuestas electorales durante los cinco días previos a las urnas. Una restricción pensada cuando la información viajaba en prensa escrita y que hoy roza el ridículo: cualquier ciudadano puede consultar en internet sondeos publicados por medios internacionales como The New York Times o diarios de Andorra a doce horas de que abran los colegios, mientras los medios españoles sufren un veto medieval por imperativo legal.
La guinda del pastel es la célebre jornada de reflexión. Un paréntesis analógico en el que teóricamente la ciudadanía medita en sepulcral silencio sobre su papeleta, ajena a la propaganda. Una quimera en tiempos de algoritmos y redes sociales, donde el hilo de cualquier almeriense vomita propaganda patrocinada, memes políticos y consignas de campaña hasta el preciso instante en que entra en la cabina con la papeleta en la mano.
Como me señalaba aquella opositora de Frente Amplio, todas estas cautelas —la limitación de encuestas, el día de reflexión o la acotación rígida de los tiempos— tenían una razón de ser en la delicada España de la Transición, cuando había que proteger a un electorado novato de manipulaciones de última hora. Hoy, pretender que el votante del año 2026 necesita 24 horas de silencio oficial para que no le estalle la cabeza es infravalorar la madurez de la sociedad. Modernizar estas reglas no significa devaluar la democracia, sino limpiarle las telarañas a una maquinaria que chirría cada vez que nos convocan a las urnas.
