Sinceramente, uno preferiría no tener que volver a aporrear el teclado sobre la tragedia ferroviaria de Urda, pero la última comparecencia del ministro Óscar Puente obligan a apretar los dientes y poner los puntos sobre las íes. Nos intentan vender la moto de que todo se reduce a un presunto fallo humano en el centro de control, como si las decisiones políticas previas no hubieran ido construyendo el escenario perfecto para la catástrofe. Habrá responsabilidades penales que ya dilucidarán los tribunales, pero la responsabilidad política del titular de Transportes no admite más prórrogas: es clamorosa y exige su dimisión.
Hablemos de datos y de prioridades, que es donde se retrata la gestión política del asunto. Que de todo el presupuesto de mantenimiento del sistema ferroviario apenas un 16,5 % se destine a la alta velocidad ya es una declaración de intenciones. El Gobierno presumía en los folletos de ostentar una de las redes de alta velocidad más extensas del planeta, pero los números desnudan el despropósito de la planificación. En España rozamos los 4.000 kilómetros de vía de alta velocidad para mover unos escasos 3,8 viajeros por kilómetro. En China, con casi 48.000 kilómetros, mueven 19,3 viajeros por kilómetro; en Francia, con 2.760 kilómetros, registran 21,6; e incluso en los Estados Unidos, con 735 kilómetros, alcanzan los 2,3 viajeros. Durante la última década, mientras el número de pasajeros por kilómetro se disparaba más de un 77 %, la conservación en la red apenas crecía un 3 % por kilómetro. Se prefirió el corte de cinta y la foto electoral antes que apretar las tuercas de lo que ya estaba instalado.
Cuando el ministro Óscar Puente pretende capear el temporal echando la culpa al desgaste por la entrada de operadores privados como Iryo o Ouigo, convendría refrescar la estadística europea. Por la red estatal circulan de media 35 trenes por kilómetro, muy lejos de los 55 de la media comunitaria o de los 78 que soporta Alemania. Para colmo, los cánones que pagan estas compañías privadas a Adif superan en un 60 % el coste real de mantenimiento de las infraestructuras por las que circulan. ¿Dónde ha ido a parar ese dinero?
En lugar de reinvertirse en seguridad, la cúpula de Adif ha funcionado como agencia de colocación del PSOE, plagada de cargos políticos sin la menor trayectoria ni cualificación técnica en el sector ferroviario. Ahí estuvo sentado en el Consejo de Administración el aizkolari y portero de discoteca, el hombre para todo que es Koldo García, mano derecha del exministro José Luis Ábalos, o el escandaloso fichaje de la chica para todo del entonces ministro, Jessica. Óscar Puente no llegó al ministerio para limpiar ese estercolero ni para corregir la gestión de su antecesor, sino para dar continuidad a las mismas prácticas.
Solo así se entiende la soltura con la que el propio ministro ha calificado de «normal» que el sistema de seguridad LZB se haya caído 170 veces en lo que va de año. Si el sistema falla 170 veces, significa que en 170 ocasiones la seguridad de miles de viajeros ha quedado al albur del factor humano. Una auténtica ruleta rusa, que ésta vez, desgraciadamente, ha tenido bala. En la Comisión de Transportes del Senado, los propios responsables de Adif llegaron a reconocer que el LZB estaba obsoleto, y la propia operadora Iryo advirtió en esa misma sede parlamentaria de que dicho sistema generaba serios problemas al tardar en reiniciarse tras una parada. Justo la secuencia que desencadenó el siniestro en Urda.
A esta cadena de negligencias se suma que la actualización del sistema de seguridad de la línea Madrid-Sevilla, aprobada en 2020 y proyectada para entrar en servicio el pasado enero, sigue sin estar operativa. O que casi diez meses después del grave accidente de Adamuz, la ciudadanía siga sin conocer un informe definitivo. Por no hablar de que el Estado acumula dos años de retraso en aplicar la normativa europea que obliga a Adif a estar preparada ante catástrofes ferroviarias, o de que la seguridad de la línea en Urda fue adjudicada a una empresa constituida apenas doce días antes de pactar los contratos.
Mientras la infraestructura hace aguas, las decisiones políticas del ministerio se han centrado en amortiguar el cabreo del usuario recortando las indemnizaciones por retraso en los billetes del AVE. Como la impuntualidad pasó a ser la norma, eliminaron los compromisos de devolución. La máxima del viajero ya no es llegar a la hora señalada, sino la de «virgencita, que al menos llegue vivo». Entre tanto, el caos se extiende a la Media Distancia y a Cercanías, mientras en Renfe dedican sus desvelos a montar una compañía de autobuses para cubrir por carretera las vergüenzas de los trenes.
Todo esto, insisto, son decisiones políticas previas a lo ocurrido. Sin este cúmulo de erróneas decisiones políticas, hubiesen sido mucho más improbables los accidentes de Adamuz y Urda. La inversión adecuada en mantenimiento, los sistemas de seguridad modernizados... eso son decisiones políticas previas a que se produzca posibles errores humanos, muy probables porque sistematicamente todo lo anterior falla como reconoce el propio Puente.
En la provincia de Almería sabemos perfectamente lo que significa esta política de infraestructuras de segunda. Llevamos años descolgados de las conexiones dignas , ahora también despojados del tren Alvia a Madrid y padeciendo un aislamiento ferroviario que contrasta con la propaganda oficial del ministerio.
No solo eso, el ministro Puente informa que están estudiando sustituir los sistemas de seguridad de la red AVE y, sin rubor alguno, ha añadido que piensan empezar por la línea Madrid-Barcelona, y eso es una decisión política en la que se olvida de los alrededor de 115 muertos que tiene el tramo entre Andalucía y Madrid.
La gota que desborda el vaso no es solo la nefasta gestión técnica, sino la indigencia empática. Con cerca de 70 víctimas mortales sobre la mesa, familias destrozadas esperando la identificación de restos parciales de sus seres queridos y decenas de heridos graves, la principal preocupación manifestada por Óscar Puente ha sido victimizarse porque le insultan en las redes sociales o porque la oposición aprovecha la coyuntura en vísperas electorales. Habla de acoso en X el mismo político que ha hecho del desprecio en redes su sello personal, o que pone en la picota a un operario concreto de la sala de Atocha, descargando sobre él el peso de casi 70 cadáveres, y también a la maquinista del Yrio... todos tienen la culpa menos él. Si al ministro le queda un mínimo sentido de la dignidad institucional, debería recoger sus cosas y dimitir hoy mismo.
