A más de dos mil kilómetros de la provincia de Almería, allá en Bruselas, se ha producido un fenómeno político que al sur de la vieja Europa resulta singular. El primer ministro del Gobierno de Bélgica, Bart De Wever, acudió al Palacio Real para presentar formalmente su dimisión ante el Rey Felipe. El desencadenante no fue una moción de censura ni un escándalo de corrupción, sino la imposibilidad de cerrar un acuerdo entre sus socios para aprobar los Presupuestos de 2027 y cuadrar un ajuste de 10.000 millones de euros. El mandatario belga se negó a prorrogar las cuentas mediante una argucia administrativa y, al constatar el bloqueo, puso su cargo a disposición del jefe del Estado. El Rey Felipe dejó en suspenso la renuncia para abrir una ronda de consultas, ejerciendo un papel de mediación en una arquitectura institucional endiabladamente compleja.
Si la escena se analiza desde la perspectiva española, la diferencia en el sentido de la responsabilidad política es abismal. En España, el presidente Pedro Sánchez ha acumulado cuatro años sin presentar los Presupuestos Generales del Estado ante las Cortes Generales, eludiendo el mandato constitucional sin que ello alterara su agenda. No es que no lograra aprobarlos, es que ni se tomó la molestia de prepararlos, y mucho menos negociarlos. La idea de presentar la dimisión tras fracasar en la tramitación presupuestaria ni tan siquiera se contempló en la Moncloa. Por otro lado, en el sistema español, cuando un presidente decide disolver las cámaras, el jefe del Estado, Felipe VI se limita a cumplir con el automatismo institucional de refrendar la decisión.
Pues ya ven, dos diferencias envidiables: un jefe de Gobierno que se marcha cuando sus presupuestos no salen adelante, y un jefe de Estado que media.
La lección de la política belga se extiende también a la capacidad de entendimiento. Bélgica constituye una estructura plurinacional tan compleja como el propio Estado español. El propio Bart De Wever procede de la N-VA, un partido nacionalista flamenco de centro-derecha. Sin embargo, para articular su Ejecutivo, no dudó en formar una coalición pentapartita junto a la centro-derecha liberal del MR, los democristianos de Les Engagés y la CD&V, e incorporar además a la centro-izquierda socialdemócrata de Vooruit. Cinco siglas de distintas tendencias ideológicas sentadas en el mismo consejo de ministros para sacar adelante las cuentas del Estado.
Trasladar esa dinámica de pactos transversales al España resulta impensable. No cabe imaginar un escenario en el que hubiese un nacionalista vasco o catalán, de centro derecham tipo PNV o Junts pero sin el matiz independentista, presidiendo este país. Tampoco es posible imaginar que el PSOE de Pedro Sánchez facilitara con una abstención la investidura de Alberto Núñez Feijóo para evitar la influencia de Vox, o que se contemplara una fórmula de colaboración entre los dos grandes partidos del Estado. Aquel PSOE del pasado que optó por la abstención para desbloquear la gobernabilidad de Mariano Rajoy, dio paso al PSOE de Pedro Sánchez, asentado en la estrategia de la confrontación de bloques.
Desde Almería, donde la ausencia de presupuestos estatales repercute en el retraso de infraestructuras clave y condiciona la financiación de Andalucía, el contraste es evidente. Europa comparte marco comunitario y moneda, pero la exigencia política y la cultura del pacto difieren sustancialmente entre Bélgica y el España. Hay democracias donde no poder aprobar el presupuesto implica presentar la dimisión, y otras donde la prórroga presupuestaria es simplemente la herramienta para garantizar la continuidad en el poder.
