Guzmán: “El del Mesón Gitano es el procedimiento más limpio y transparente que he visto en una administración pública”

Manuel Guzmán, concejal del Ayuntamiento de Almería y consejero delegado del Plan Urban o ha tenido una buena semana, porque el proyecto estrella del mismo, la rehabilitación del Mesón Gitano, ha vuelto a sufrir un parón, y eso después de denuncias ante la Fiscalía, denuncias ante el Contencioso-Administrativo, y un largo y tortuoso camino. Al final, el consejo de administración del Plan Urban ha decidido acudir ellos también a los tribunales a defender la legalidad del procedimiento puesto en marcha, y apuntando en esas acciones legales directamente al Colegio de Arquitectos y a la Comisión Provincial de Patrimonio.

Guzmán, en una entrevista con Noticias de Almería, explica que Urban es una iniciativa de la Unión Europea para la recuperación de los cascos históricos de las ciudades, y que en el caso de Almería actúa sobre una serie de áreas temáticas, por lo que en caso de que en caso de que finalmente no pudiera acometerse el Mesón Gitano, esas partidas presupuestarias sí podrían cambiarse de fin, pero que el objetivo es no renunciar al proyecto ya que “el ayuntamiento seguiría con las acciones judiciales porque entendemos que cumple con todos los requisitos de lo establecido legalmente, y con todos los que nos ha pedido la Junta de Andalucía”.

Guzmán sostiene la Junta ha entrado en detalles en los que no corresponde ya que se trataba de un proyecto básico “han entrado el mobiliario urbano, en los colores de la fachada...” y recuerda que incluso han modificado el tratamiento de los exteriores de las cuevas cuando el autor es el mismo profesional al que esta administración encargó un estudio sobre este asunto para su aplicación en toda Andalucía.

Respecto al Colegio de Arquitectos Guzmán no se corta y señala que “ya está bien de que creen incertidumbre en la ciudadanía sobre la legalidad de un proyecto que está hecho conforme a ley”.

Pero entre la maraña del proceso destaca la polémica que se generó por la presentación de dos proyectos iguales cuando se abrió el proceso de licitación, y fue finalmente denunciado ante la Fiscalía por UPyD.

El consejero delegado de Urban se queja de que “vayan a hacerse fotos” a las puertas de la Audiencia Provincial “porque precisamente quien detecta que hay dos iguales y quien así lo informa, y lo ponen en su informe, son los técnicos, y es el consejo de administración de Urban quien lo hace público, y quien lo lleva a órganos superiores”.

En ese mismo sentido, el concejal indica que en principio no sería problema “de Urban” si se presentan dos proyectos iguales, mientras exista la posibilidad de elegir entre varios, ya que en todo caso correspondería a los autores de ambos disputarse la originalidad. Aclara que ellos lo que hacen es recibir proyectos, y que al concurso se puede presentar quien cumpla los requisitos, por lo que si se presentan dos iguales, ni pueden rechazar uno ni los dos.

Pero aún así, recuerda que había cinco técnicos de distintas áreas encargados de informar los proyectos, y son ellos quienes detectan que hay dos iguales, “entonces nosotros paralizamos la licitación y consultamos a la Comisión Nacional de la Competencia (CNC)” y la respuesta es que “no hay nada establecido al respecto”, pero sí les indica que hay unas ciertas normas de uso por las que si las mesas de contratación estiman que puede haber colisión en cuanto a la libre competencia se vuelva a poner en su conocimiento, “pero que eso no afectaría a la licitación, incluido si alguno de ellos resultara adjudicatario”. Dicho de otro modo, que si la mesa de contratación tiene tres proyectos y dos son iguales, sí podría haber un problema ya que se reduce la capacidad de decisión, pero si hay 16, y dos son iguales, no se vulneraría esa libertad de los licitadores para elegir.

Esa contestación es elevada al Consejo de Administración, donde se entendió que no afecta a la libre concurrencia porque el proyecto es 70% es lo económico y 30% lo técnico, y en todo caso, esa colisión se produciría en la disputa de esos 30 puntos “técnicos” y “el más barato es el que más punto se lleva” aunque no sea una exigencia de la Ley de Contratos del Estado. Explica Guzmán que el adjudicatario hace un 25% de baja y “si hubiera hecho un 24,6%, éste que era el número dos en la valoración técnica, hubiera sido el octavo en la valoración técnica quien habría sido el adjudicatario de las obras”. Eso vendría a corroborar el poco peso que en la decisión final de la mesa de contratación habría tenido la similitud de dos proyectos. Aún así, y sin ser obligatorio, el asunto se remite a la CNC “con lo cual la adjudicación impoluta”.

A requerimiento de la Fiscalía “hemos remitido todo el expediente, en el que se ve claramente qué ha hecho el Ayuntamiento y los técnicos” conforme a lo dictaminado por la CNC.

Sobre la polémica adjudicación de proyecto y obra, que es lo cuestionado por los arquitectos ante el TSJA, Guzmán en este caso sostiene que el tema fue debatido en el consejo de administración igualmente, y que se optó por sacar conjuntamente proyecto y obra, “ya un 20% de la ejecución corresponde a los arquitectos por que es un edificio, pero el resto, el 40% corresponde a ingenieros de caminos porque se está haciendo un vial, el 20% a ingenieros agrónomos porque se hace jardinería, y el otro 20% a ingenieros industriales puesto que se utilizan energías renovables, y se pide que haya un equipo”.

El concejal asegura que esta es la razón de sacarlo de esta forma a concurso, y no como querían los arquitectos, “ya que no se trata de un concurso de ideas para arquitectos, por que entran en juego más cosas”. Además, Guzmán señala que recogieron en el pliego de licitación la posibilidad de que el proyecto básico pudiera ser modificado, por si alguna administración quería hacer cambios.
“Los 16 licitadores concurren en igualdad de condiciones y el Colegio de Arquitectos presenta un recurso en el Ayuntamiento por haberse sacado junto el proyecto y obra”, lo que es rechazado, y entonces éstos lo vuelven a recurrir, por lo que Urban lo pone manos del Tribunal Administratico de Recursos Contractuales (TARC) de la Junta de Andalucía, el cual respalda sin dudas la decisión municipal.

Continúa el proceso de licitación, se adjudica y comienza la modificación del proyecto básico en coordinación con la Junta de Andalucía, a la que Guzmán dice que “modifiquen lo que crean oportuno, porque lo que necesitamos es poner en valor la zona, que tenemos una oportunidad histórica para desarrollar turísticamente lo que hoy es un vertedero, pocas veces una administración a tener siete millones de euros para rehabilitar el entorno de la Alcazaba” a lo que añade que “es un proyecto para la creación de empleo en una de las zonas más deprimidas de la ciudad”
El concejal dice que “cuando ya está como quiere ella, se presenta, y comienza el problema con la Comisión Provincial de Patrimonio (CPP), primero argumenta problemas técnicos, y cuando se soluciona, que ahora son problemas jurídicos, y cuando se solucionan los jurídicos lo sacan del orden del día”.

Eso precisamente es algo que llama la atención de Guzmán, ya que le resulta “sorprendente” que la CPP elimine ese punto de la reunión “por una información periodística”. Y es que el día en que estaban convocados, se publica que la admisión del recurso de los arquitectos ante la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), un auto que no tiene en ese momento Urban, tampoco el Ayuntamiento, “y por supuesto tampoco la CPP ya que no son parte”, pero aún así, “sin ningún papel y atendiendo sólo a la filtración periodística” suspenden ese punto y no se debate.

El concejal cree que lo lógico, en todo caso, hubiera sido que se hubiera dado el permiso “condicionado a la resolución judicial”.

Guzmán recuerda que en julio el TSJA les informó del recurso y les pidió que presentaran sus alegaciones “que fueron las mismas que presentamos al TARC, y luego nos pidió el proyecto y le mandamos todo el expediente”.

En octubre, el TSJA emite un auto suspendiendo cautelarmente el permiso del TARC de la Junta de Andalucía relativo a la licitación, por lo que el Ayuntamiento decide continuar con el procedimiento, ya que la adjudicación ya se había realizado y no puede retrotraerse a acciones anteriores. Lo que hacen entonces es pedir una aclaración al tribunal sobre cómo afecta su decisión en la situación actual del procedimiento “porque ellos tienen el expediente y por tanto sabe que en que estado se encuentra”.

Junto a esa petición de aclaración también preparan un recurso y las acciones judiciales contra el Colegio de Abogados y la CPP porque “es el procedimiento más limpio y transparente que he visto en una administración pública”.

El consejo de administración “tiene que defenderse, porque el que adjudica no soy yo, es el consejo de administración, y ha seguido todos los pasos por unanimidad y con el voto favorable de todos los grupos políticos”. Esta unanimidad sólo se ha roto cuando esta pasada semana se votaban los presupuestos y el PSOE e IU no los han respaldado.