La España insumisa

La insumisión es una forma de desobediencia civil y sus motivos pueden ser diversos.
La desobediencia civil puede definirse como cualquier acto o proceso de oposición pública a una Ley, o a una política, adoptada por un Gobierno legítimo, cuando el autor, o autores, tiene conciencia de que sus actos son ilegales o de discutible legalidad, y es llevada a cabo y mantenida para conseguir unos fines sociales concretos.
Pues bien, en España, actualmente, da la impresión de estar viviendo una situación que invita a pensar que la insumisión domina nuestro escenario político.
La prueba más reciente nos la ofrece la decisión de 5 Comunidades Autónomas, gobernadas por Partidos que hacen oposición al Gobierno Central, según la cual en sus territorios correspondientes no se va a aplicar la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) recientemente aprobada en el Congreso de los Diputados. Estas Comunidades son Andalucía y Asturias, gobernadas por el Partido Socialista, y Cataluña, País Vasco y Canarias, gobernadas por nacionalistas.
El argumento que esgrimen para no hacerlo es falaz, máxime cuando el calendario de aplicación será a partir del próximo curso 2014-2015 para algunos cursos de Primaria y Formación Profesional Básica, dejando el resto de la Ley para el siguiente curso. Pese a ello, estas Autonomías insumisas aducen la falta material de tiempo, y de dinero, para hacer las modificaciones administrativas, que al caso sean necesarias, para su implantación. Este argumento, aparentemente no vale para el resto de Autonomías, 12, que sí la van a aplicar para el curso próximo.
Los ciudadanos con estas posiciones estamos desconcertados, porque con este y otros incumplimientos “llueve sobre mojado”.
En Cataluña, el gobierno independentista del Sr. Mas, no viene aplicando la obligación de facilitar la educación en castellano, pese a la repetidas sentencias del Constitucional y el Tribunal Supremo, sin que pase nada y sin que el Gobierno Central tome las medidas adecuadas a tal insumisión.
Igual podemos decir con la Ley que obliga al copago de los medicamentos, independientemente de la justicia de esa decisión, e incluso Autonomías gobernadas por el Partido Popular, se han negado a su aplicación, sin que tampoco el Gobierno haya hecho demasiado.
En este contexto, no deberían extrañarnos los sucesos de Burgos o la retirada en la Comunidad de Madrid de la propuesta de externalizar la gestión de algunos hospitales públicos, en ambos casos a causa de la presión y la violencia ciudadanas, independientemente de la legitimidad de las Instituciones de llevar a cabo políticas, no solo razonables sino consecuentes con los programas electorales. Si la insumisión la practican Partidos e Instituciones ¿por qué no podemos hacerlo los ciudadanos?
Esta actitud culmina con el acuerdo antidemocrático de todos los Partidos de la oposición para derogar cuantas Leyes se hayan dictado en esta Legislatura, si en las próximas elecciones se produce un cambio político.