Promesas incumplidas

​A la espera de la celebración el próximo lunes de la sesión extraordinaria del Parlamento Andaluz, en dónde, posiblemente, la Presidenta de la Junta anuncie la disolución de la Cámara y el adelanto de las elecciones autonómicas que debían celebrarse en el 2016, parece un buen momento para la reflexión.
​La reflexión más importante llegado a este punto, en clave política, es la de hacer un repaso sobre las promesas incumplidas de la Sra. Díaz.
​El aval de un político para ser creído a la hora de una elección y, por tanto, ser votado, se basa fundamentalmente en sus compromisos de futuro, pero sobre el análisis de lo realizado en su etapa de Gobierno, y aquí la Sra. Díaz ha fallado estrepitosamente y merece ser suspendida.
​Al margen de otros temas de menor calado y de que no es verdad que en este tiempo haya mejorado la calidad de vida de los andaluces, en una Comunidad, además, agobiada por una presión fiscal de las más grandes de España, en ocasiones, casi confiscatoria, lo cierto es que ha incumplido gravemente faltando a los compromisos asumidos en su sesión de investidura allá por septiembre de 2013.
​En su discurso, nos prometió a los andaluces que durante su Gobierno rebajaría el número de desempleados por debajo del millón de personas. La realidad es que, no sólo no ha alcanzado ese objetivo, sino que, en estos momentos, ostentamos el triste récord de ser la Comunidad española con mayor número de parados, con el 37%, pese a las esperanzadoras señales de mejora que está dando la economía nacional.
​La otra gran promesa incumplida, fué el compromiso de hacer una amplia auditoría sobre su necesidad y sus objetivos, al más de un centenar de empresas públicas y Fundaciones existentes en nuestra Comunidad, verdadera fábrica de clientelismo político para correligionarios y simpatizantes. Dicha auditoría que iba a ser realizada por personas cualificadas e independientes, debería estar terminada antes de acabar el 2014. Esto ya pasó y de ella nada se sabe ni se sabrá durante el periodo electoral.
​ Se trataba de saber qué utilidad tienen todas esas empresas para los andaluces, empresas y Fundaciones que dan cobijo a casi 30.000 trabajadores y que, tan sólo en los presupuestos del 2015, precisan una inyección de 3.000 millones de Euros del presupuesto de todos los andaluces.
​Es urgente que esta Administración paralela de la Junta sea evaluada y reconducida a lo estrictamente prioritario, pero, claro, esto podría suponerle al PSOE una pérdida considerable de votos, que, en el momento actual, con la incertidumbre política existente, no puede permitirse la Sra. Díaz, embarcada, además, en su ambición nacional.
​En política, hay compromisos que a veces resultan imposible de cumplir por diversas circunstancias, pero los básicos debieran ser de obligado cumplimiento. De no ser así, los ciudadanos deberíamos pasar factura por tales comportamientos, lo que constituye, sin duda, la esencia de la Democracia.