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El 'caso Almería' volvió a quedarse sin respuestas
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El "caso Almería" volvió a quedarse sin respuestas

domingo 12 de mayo de 2019, 09:55h

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La convocatoria de elecciones generales volvió a salvar. una vez más, al gobierno de turno de tener que responder sobre este crimen clave en la Transición

Entre las cuestiones planteadas por diputados y senadores de la pasada legislatura y que, al ser convocadas nuevas elecciones generales han decaído, se encuentra una senador Jon Iñárritu García, de EH Bildu, interesándose por distintas cuestiones relacionadas con el llamado "caso Almería". La siguientes cuatro preguntas fueron registradas el 8 de mayo de 2018, por lo que el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) tuvo casi un año para darles respuesta pero no lo hizo, ya que él asumió la Presidencia a finales de ese mismo mes tras la moción de censura a Mariano Rajoy.

1.-¿Estima el Gobierno reconocer a las víctimas del Caso Almería como víctimas del terrorismo del Estado?
2.-¿Contempla el Gobierno aclarar todas las lagunas que ocurrieron en aquel triple asesinato y que siguen sin ser aclaradas?
3.-¿Es cierto que varios de los agentes implicados en el asesinato cobraron fondos reservados durante varios años? ¿Quiénes? ¿Por qué razón? ¿Qué cantidad?
4.-Se solicitan los diferentes atestados e informes realizados por las FCSE sobre el Caso Almería

El caso Almería fue el nombre que recibió el proceso en el que se juzgó a varios miembros de la Guardia Civil por la tortura y asesinato de tres jóvenes en Roquetas de Mar, el 10 de mayo de 1981.

Fue el 7de mayo de 1981 cuando el grupo terrorista ETA atentó en Madrid contra el teniente general Joaquín de Valenzuela, que en aquel momento era el jefe del Cuarto Militar del Rey Juan Carlos I. El ataque se realizó utilizando la llamada «técnica argelina»:2​ los dos terroristas seguían en motocicleta al Dodge Dart del Ejército de Tierra en el que circulaba el general. Cuando el vehículo se detuvo en un semáforo, a la altura del número cinco de la calle Conde de Peñalver, la moto se situó a su lado y el acompañante colocó sobre el techo del coche una bolsa que explosionó segundos después mientras ambos teroristas huían.

El día 8 de mayo de 1981 Juan Mañas Morales, Luis Montero García y Luis Cobo Mier se trasladaban a la localidad almeriense de Pechina, pueblo natal de Juan Mañas, a la celebración de la primera comunión de su hermano Francisco. Al pasar por Manzanares el Real sufrieron una avería en su coche y desplazaron en tren hasta Alcázar de San Juan para dirigirse después a Puertollano, donde alquilaron otro vehículo, un Ford Fiesta de color verde, para poder llegar a su destino.​

El sábado 9 de mayo llegaron a su destino y al día siguiente se desplazaron a Roquetas de Mar para visitar a otro hermano de Juan Mañas. En esa localidad fueron detenidos a punta de pistola por la Guardia Civil con la intención de trasladarlos a la Comandancia de Almería. Al día siguiente aparecieron sus cadáveres, calcinados y con múltiples imapctos de bala, dentro del Ford Fiesta, cerca de Gérgal.

La versión oficial de la Guardia Civil indicaba que los detenidos se trasladaban a Madrid dentro de su propio vehículo, conducido por un guardia y vigilados por otro en el asiento del copiloto. Que a la altura del kilómetro 8,350 de la carretera de Gérgal los tres detenidos agredieron al conductor del vehículo, el cual saltó del coche como también hizo el otro guardia. El mando de la comitiva, el teniente coronel Carlos Castillo Quero, que circulaba detrás en otro coche, detuvo la caravana y ordenó disparar al Ford Fiesta que cayó por un terraplén envuelto en llamas sin que ninguno de los once guardias civiles que escoltaban el traslado pudierse hacer nada para sofocarlas.

La versión oficial no fue creída, así, en el juicio por la muerte de los tres jóvenes se inició el 14 de junio de 1982 en la Audiencia Provincial de Almería, el fiscal calificó los hechos como constitutivos de delito de homicidio y pidió en su escrito de conclusiones la pena de 42 años de prisión para el teniente coronel Carlos Castillo Quero y 27 años de prisión para los otros dos acusados.

La sentencia que puso fin al proceso se dictó en julio de 1982 y declaró probado que el teniente Castillo y sus hombres torturaron hasta la muerte a los tres detenidos en un cuartel abandonado llamado Casafuerte y que posteriormente y con el fin de intentar eliminar evidencias, despeñaron su vehículo por un terraplén, le dispararon numerosas veces y le prendieron fuego.

El teniente coronel de la Guardia Civil Carlos Castillo Quero fue condenado a veinticuatro años de prisión mayor como autor de tres delitos de homicidio, el teniente Manuel Gómez Torres y el guardia Manuel Fernández Llamas fueron condenados por los mismos delitos a quince y doce años de prisión respectivamente, con la atenuante de obediencia debida. Al mismo tiempo la sentencia impuso a los condenados la obligación del pago de una indemnización de cuatro millones de pesetas a cada una de las familias de las víctimas.

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