Investigan a cocinero de prisión por posible implicación en caso de Ana Julia Quezada

Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, quien fue asesinado por Ana Julia Quezada, ha solicitado la ampliación de la investigación para incluir a un cocinero del centro penitenciario de Brieva, en Ávila. Esta petición surge en medio de sospechas sobre su posible implicación en una red que ofrecería favores sexuales a cambio de regalos y un teléfono móvil. Se argumenta que este dispositivo habría permitido a Quezada negociar una compensación económica por su participación en un documental relacionado con el caso.

La investigación judicial, que se encuentra en curso desde hace un año en el Juzgado de Instrucción número 4 de Ávila, se inició tras una denuncia pública realizada por Patricia Ramírez. En su declaración, alertó sobre la posesión de un teléfono móvil por parte de Ana Julia Quezada dentro del penal, desde donde supuestamente gestionaba su participación remunerada en un documental sobre el crimen.

Nuevas revelaciones y acusaciones

Recientemente, Patricia Ramírez ha conseguido personarse como acusación popular en este caso, después de que el juzgado aceptara su solicitud el pasado martes. Hasta ahora, la única persona investigada por cohecho es un funcionario del centro penitenciario de Brieva, acusado de mantener relaciones sexuales con Ana Julia Quezada a cambio de regalos y otros favores.

La novia de 27 años de Ana Julia Quezada, residente en Cataluña, fue quien inicialmente denunció al funcionario e implicó también al cocinero en esta presunta trama. Posteriormente, se informa que la propia Quezada habría confesado los hechos a la educadora social del centro penitenciario.

Desarrollo de la investigación

A raíz de estas revelaciones, la Guardia Civil ha iniciado una investigación adicional y el juzgado continúa realizando las diligencias necesarias para determinar si hay más personas involucradas. Ana Julia Quezada declaró en relación con este asunto el pasado 28 de abril; sin embargo, el contenido exacto de su testimonio no ha sido divulgado. Fuentes cercanas a ella indican que admite haber mantenido relaciones sexuales con el funcionario mencionado, aunque niega haber recibido un teléfono a cambio.

El funcionario implicado negó categóricamente cualquier relación sexual con Ana Julia Quezada durante su declaración reciente y aseguró no tener conocimiento sobre el supuesto teléfono móvil que se le atribuye haber entregado. No obstante, Verónica Guerrero, abogada representante de la madre de Gabriel Cruz, sostiene que existen "indicios y testigos suficientes" para continuar indagando en este caso. Su objetivo es esclarecer la posible implicación del cocinero y definir el papel exacto que desempeñó Ana Julia Quezada en toda esta situación.

Acciones legales y amenazas recibidas

Las primeras acciones legales emprendidas por la abogada Guerrero incluirán solicitar la declaración del cocinero como investigado y la comparecencia de dos internas del centro penitenciario. Se espera que sus testimonios puedan confirmar si Ana Julia Quezada poseía efectivamente un teléfono móvil dentro del penal, lo cual sería una violación clara de las normativas penitenciarias.

Paralelamente se está analizando si Patricia Ramírez ha recibido llamadas amenazantes desde la prisión; esta información ha sido confirmada por el delegado del Gobierno en Andalucía. Un juzgado de Almería ha reactivado la investigación sobre las denuncias presentadas contra Ana Julia Quezada y su círculo cercano tras las afirmaciones realizadas por la madre del niño asesinado sobre la posesión del teléfono móvil dentro del penal.

A pesar de los registros realizados en la celda de Ana Julia Quezada, el teléfono móvil mencionado no ha sido encontrado. Asimismo, las grabaciones sexuales que según su expareja utilizaba para chantajear a la dirección del centro penitenciario con el fin de ser trasladada a una prisión en Barcelona tampoco han sido localizadas.