El Gobierno español ha reafirmado su apoyo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en medio de un creciente debate sobre su gestión. Esta defensa se produce tras la decisión del juez del Tribunal Supremo de enviar a juicio a García Ortiz por la filtración de datos personales relacionados con el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Las autoridades gubernamentales han expresado su confianza en la inocencia de García Ortiz, subrayando que esperan que se aclaren las circunstancias que rodean estas filtraciones. La situación ha generado un clima tenso entre el Ejecutivo y la oposición, que no ha tardado en reaccionar.
Reacciones políticas y demandas de dimisión
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido la dimisión inmediata del fiscal general, argumentando que su continuidad en el cargo es insostenible ante los cargos que enfrenta. Esta postura ha intensificado el enfrentamiento político, con acusaciones cruzadas entre ambas partes.
A medida que avanza el proceso judicial, las tensiones entre el Gobierno y la oposición parecen aumentar, lo que podría tener repercusiones significativas en el panorama político español. La situación sigue siendo objeto de atención mediática y política mientras se desarrolla el juicio.
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