Un educador del Centro Penitenciario de Brieva, ubicado en Ávila, ha declarado recientemente en el juzgado que Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz, amenazó con "hundir" la cárcel mediante la difusión de vídeos sexuales si no se le permitía ser trasladada a Barcelona. Esta declaración se produjo durante su comparecencia como testigo en el Juzgado de Instrucción número 4 de Ávila.
La investigación se centra en posibles relaciones sexuales entre Quezada y algunos funcionarios del centro penitenciario, así como en la entrega de un teléfono móvil a cambio de favores sexuales. En este contexto, también comparecieron ante el juez A.M.H., un cocinero implicado en el caso, y M.A.R.Q., la novia de Quezada, quien fue llamada a declarar como testigo.
Las amenazas de Quezada
Según lo expuesto por el educador, Quezada utilizó la amenaza de hacer públicos los vídeos para intentar conseguir su traslado a una prisión en Barcelona, donde reside su pareja. Aunque ya había solicitado dicho traslado formalmente, buscaba presionar con la amenaza de revelar los contenidos comprometedores. La conversación sobre esta amenaza tuvo lugar durante una entrevista entre ambos en julio de 2024, según fuentes jurídicas citadas por Europa Press.
Uno de los funcionarios mencionados en las acusaciones es el cocinero A.M.H., quien negó haber mantenido relaciones sexuales con Quezada y sugirió que su implicación podría deberse al hecho de que él no accedió a sus insinuaciones. Según su versión, Ana Julia se acercaba a él en ocasiones insinuantes y llegó incluso a tocarle el hombro, pero él siempre rechazó cualquier propuesta sexual.
Investigaciones adicionales y acusaciones
A.M.H. también reveló que Quezada le pidió ayuda para contactar con su novia para que le llevara ropa de abrigo al penal. Este contacto se habría producido alrededor de mediados de 2024; sin embargo, M.A.R.Q. ha afirmado ante el juez que fue el propio cocinero quien facilitó un teléfono móvil a su pareja.
En esta causa está presente como acusación popular Patricia Ramírez, madre del niño asesinado por Quezada. Ella ha insistido en la necesidad de tomar declaración a otra reclusa que supuestamente posee pruebas incriminatorias relacionadas con este caso, aunque su testimonio ya fue desestimado anteriormente.
Otro funcionario investigado, S.T., también había declarado previamente negando cualquier implicación en este supuesto trato preferencial hacia Quezada a cambio de relaciones sexuales. Su interrogatorio se llevó a cabo dentro del marco de una investigación por un posible delito de cohecho bajo el artículo 443.2 del Código Penal. Varios funcionarios han sido suspendidos de sus funciones tras estos hechos mientras continúa la investigación sobre la tenencia irregular del teléfono móvil por parte de la reclusa.
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