Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz —el niño de 8 años asesinado en 2018 en Níjar (Almería)—, ha denunciado este miércoles una serie de irregularidades en el sistema penitenciario y judicial español. En una conferencia de prensa cargada de emotividad, Ramírez criticó la decisión del Juzgado de Instrucción número 4 de Ávila de rechazar su personación como acusación particular en una investigación por presunto cohecho en el centro penitenciario de Brieva, donde Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por el crimen, habría obtenido teléfonos móviles a cambio de favores sexuales con funcionarios.
Ramírez aseguró que los hechos la afectan “directamente” como víctima, dado que los dispositivos habrían sido utilizados para coordinar la grabación de un documental true crime sobre Quezada, proyecto que ella misma denunció en 2023 tras recibir testimonios de confidentes dentro y fuera de la prisión. “Fui yo quien destapó esto”, subrayó, detallando que presentó una denuncia ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, lo que derivó en la apertura de diligencias judiciales.
Hasta el momento, un funcionario y un cocinero del centro han sido apartados de sus puestos, aunque Ramírez denunció sentirse en “indefensión” al no poder aportar documentos al caso ni participar activamente. “Como acusación popular, no aparezco como perjudicada, pese a que este supuesto documental me daña”, explicó, refiriéndose a los delitos de lesiones psíquicas e integridad moral por los que Quezada también fue condenada.
Amenazas y presiones desde la cárcel
La madre reveló que el 31 de diciembre de 2023 interpuso una segunda denuncia por amenazas después de que fuentes cercanas le alertaran de que Quezada quería “matarla” por “boicotear” el documental. “Pasé miedo. Supe que busca vengarse, incluso valiéndose de terceros”, afirmó. Aunque la denuncia inicial fue archivada, un recurso permitió reabrirla, y actualmente se investigan las presuntas intimidaciones.
Además, Ramírez vinculó estos hechos con un posible chantaje por parte de la reclusa para ser trasladada a un centro en Barcelona, cerca de su pareja y la frontera francesa. “¿Cómo se plantea un traslado urgente mientras hay una causa abierta?”, cuestionó, insinuando que Quezada podría usar material comprometedor —como vídeos sexuales con trabajadores— para presionar a las autoridades.
La activista arremetió contra la imagen de “comportamiento ejemplar” que, según medios, se ha atribuido a Quezada —incluyendo prácticas como el yoga—, y exigió transparencia: “Reconocer los errores en prisiones sería más honesto que seguir ocultándolos”. Asimismo, mencionó que los registros en Brieva tras sus denuncias pospusieron el documental y hallaron uno de los móviles en casa de un funcionario investigado.
Protección de las víctimas
Ramírez lamentó la “revictimización” que sufren las familias de crímenes violentos, citando casos como el de José Bretón, y pidió reformas legales para evitar que los agresores obtengan notoriedad. “Las puertas de quienes deberían defenderme se cierran una y otra vez”, declaró, exigiendo mayor apoyo institucional.
La Fiscalía de Ávila y la Secretaría de Estado de Seguridad, contactadas por Ramírez, no han emitido declaraciones públicas. Mientras, la causa sigue su curso, con la sombra de un posible traslado de Quezada y la incógnita sobre qué más revelarán los teléfonos incautados. Para Patricia Ramírez, la batalla judicial es, también, una lucha por la memoria de Gabriel.
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