Un tercio de las empleadas del hogar en Almería sin evaluación de riesgos laborales

El pasado 26 de diciembre, se informó sobre la inminente aprobación de una nueva norma reglamentaria destinada a mejorar la prevención de riesgos laborales, especialmente en lo que respecta a factores ergonómicos y psicosociales en el sector de la ayuda a domicilio (SAD). Esta iniciativa surge tras la anulación por parte de la Sala III del Tribunal Supremo de la disposición adicional 13ª del Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP), introducido por el Real Decreto 893/2024, que regula la protección de la seguridad y salud en el ámbito del servicio del hogar familiar. En ese momento, se recordó que esta regulación ya estaba “plenamente” vigente desde el 14 de noviembre del año anterior, beneficiando principalmente a mujeres, muchas de ellas migrantes en situaciones irregulares que podrían regularizar su estatus gracias a esta normativa.

No obstante, recientes datos han revelado que aproximadamente un tercio de las empleadas de hogar registradas en España aún no han recibido una evaluación real, a pesar de ser obligatoria. Según información publicada por El País, alrededor de 378.000 trabajadoras están dadas de alta en este sector, pero 110.000 casos carecen de un análisis evaluativo sobre sus riesgos laborales. Esto pone de manifiesto un déficit preventivo significativo, no por falta de regulación, sino por incumplimiento de las normativas existentes.

Desafíos en la implementación

Es importante destacar que algunas familias podrían optar por realizar evaluaciones a través de servicios externos, similar a lo que hacen muchas microempresas en España. Sin embargo, dado que existe una opción gratuita mediante herramientas digitales gestionadas por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), es poco probable que esta alternativa tenga un impacto significativo.

Desde el ámbito ministerial y sindical se ha enfatizado la necesidad de mejorar la comunicación sobre estas obligaciones hacia las familias, sugiriendo que sería más efectivo informar que imponer sanciones. La falta de cumplimiento conlleva infracciones administrativas graves, con multas que oscilan entre 2.400 y 49.000 euros. Sin embargo, las particularidades del sector requieren un enfoque comunicativo renovado para abordar esta problemática.

Retos normativos y culturales

A pesar del marco regulatorio existente, el cumplimiento preventivo sigue estando vinculado más a la normativa que a una cultura preventiva arraigada. Un dato relevante es que el 83% de las evaluaciones se realizaron en noviembre, coincidiendo con problemas informáticos reportados durante ese periodo. Este hecho resalta cómo muchos esperaron al último momento para cumplir con sus obligaciones.

Además, hay deficiencias notables en la implementación práctica por parte del Gobierno respecto a las obligaciones familiares en materia preventiva. Por ejemplo, aunque caducó la obligación ministerial para establecer una plataforma formativa online, esta aún no está disponible. Asimismo, ha vencido el plazo para crear un protocolo específico contra situaciones de violencia y acoso laboral dentro del ámbito doméstico.

La necesidad urgente de cambios

Los déficits tanto en la implementación como en el diseño normativo son evidentes y afectan directamente la eficacia del sistema preventivo. La obligación actual se basa demasiado en documentación superficial y cuestionarios simples, lo cual desprofesionaliza el proceso. Además, las medidas formativas dependen completamente de plataformas digitales inexistentes hasta ahora.

La vigilancia sanitaria también presenta limitaciones importantes; es voluntaria y genérica, lo cual contrasta con otras normativas laborales más estrictas. Así pues, queda mucho trabajo por hacer no solo para fomentar una cultura preventiva sólida dentro del hogar sino también para garantizar una aplicación efectiva y normalizada de estas normas.

Con factores como largas jornadas laborales prevalentes y sin apoyo institucional adecuado para proteger su salud integral, las empleadas del hogar enfrentan retos significativos. La futura introducción del registro horario podría ser un paso positivo hacia su regulación adecuada; sin embargo, esto también está pendiente de aprobación.
En resumen, 2026 se perfila como un año crucial para abordar estos desafíos relacionados con la seguridad y salud laboral.

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