Impuestos y vivienda

Sin embargo, en el Estado español, una parte del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez parece haber suspendido primero de microeconomía. Mientras la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, miraba de reojo a las estaciones de servicio acusándolas de embolsarse las rebajas fiscales, los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) soltaban un bofetón de realidad: la bajada teórica por el cambio del IVA era de 17 céntimos, pero la realidad en el surtidor fue una caída de 26 céntimos en gasolina y 19 en diésel. Las gasolineras no solo trasladaron la rebaja, sino que amortiguaron el golpe del crudo. El mercado, ese ente que algunos pintan con cuernos y rabo, funcionó con una precisión que ya querría para sí la puntualidad del AVE a Almería (si es que algún día llega).

Pero ay, la vivienda. Aquí la lógica se vuelve creativa. Cuando el precio de un piso en el centro de Almería o en el Poniente se pone por las nubes, el dedo acusador de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, no apunta al estrangulamiento de la oferta, sino al "codicioso" promotor o al "malvado" casero. Es curioso que no se culpe al Estado, que se lleva calentito el 18% de toda su recaudación tributaria gracias al ladrillo. Aquí no hay rebajas del IVA que valgan; aquí lo que hay es un bloqueo que ríete tú del de Ormuz.

Desde el año 2020, el precio de la vivienda en el Estado ha escalado un 40%. En cualquier sector normal, semejante subida atraería a los inversores como la miel a las moscas de los invernaderos. Pero la realidad es tozuda: hoy se inician apenas 2,7 viviendas por cada mil habitantes. En 2006, esa cifra era de casi 20. ¿La razón? Construir en esta esquina del Mediterráneo es un deporte de riesgo con rentabilidad negativa. Según el Banco de España, la construcción de edificios ocupa el puesto 68 de 78 en rentabilidad. Es decir, hay 67 negocios más lucrativos antes que meterse a levantar tabiques.

El verdadero "estrecho de Ormuz" de la vivienda en la provincia de Almería no es el mar, sino el despacho de un técnico municipal o autonómico. El 95,7% del suelo en el Estado está clasificado como no urbanizable. Solo un raquítico 2,1% es apto para que usted viva en él. Tenemos 9,5 millones de viviendas potenciales sobre el papel, pero el 73% está atrapado en un laberinto burocrático que dura entre diez y quince años. En la Comunidad Autónoma de Andalucía sabemos bien lo que es esperar a que un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) deje de ser un objeto arqueológico; dos tercios de los planes vigentes en el Estado son anteriores a la crisis de 2008.

Si hubiera que retratar la crisis habitacional, sería un joven almeriense intentando pagar una hipoteca mientras, de fondo, un político le explica que la culpa es de la falta de "topes" al alquiler y no de que el Estado mantenga el suelo bajo siete llaves. La escasez encarece el producto, ya sea petróleo o un tres dormitorios en Ciudad Jardín. La única diferencia es que el petróleo lo bloquean en Irán, y el suelo lo bloquean en el BOE.

¿Cómo se explica que la rentabilidad neta del sector sea negativa mientras los precios no dejan de subir? Muy sencillo: el coste de la regulación, los informes sectoriales infinitos y el tiempo de espera actúan como un arancel invisible que paga, íntegramente, el comprador. El mercado inmobiliario no conspira para extraer rentas; simplemente intenta sobrevivir a un Estado que prefiere recaudar por cada ladrillo puesto antes que facilitar que se pongan más. Al final, resulta que el precio del piso de su hijo no lo decide el mercado, sino la desidia de quienes, tras diez años de trámites, todavía tienen el valor de decir que la vivienda es cara por culpa de la iniciativa privada.