La provincia de Almería se encuentra en una situación crítica debido a la expansión incontrolada del pulgón, una plaga que está diezmando la producción hortofrutícola local. Ante este escenario, el PP ha trasladado al Senado una exigencia clara: la autorización inmediata y extraordinaria de productos fitosanitarios que permitan frenar los daños antes de que las pérdidas sean irreversibles para los agricultores de la zona.
Desde la Cámara Alta, el senador Jesús Caicedo ha calificado el panorama actual como una urgencia sanitaria de primer orden. Según ha explicado, la capacidad productiva está cayendo en picado debido a que los métodos de control actuales son insuficientes frente a la agresividad de plagas como el pulgón o el Prays. El representante popular lamentó la retirada de principios activos esenciales, lo que deja a los productores sin defensas mientras el Gobierno de España mantiene una postura de brazos cruzados.
Caicedo hizo hincapié en la brecha competitiva que se está generando respecto a otros Estados miembros de la Unión Europea. Mientras que países como Italia o Francia recurren a las excepciones legales para proteger su campo en momentos de crisis, en España no se están facilitando estas herramientas. Esta situación provoca una paradoja en los mercados: se impide el uso de ciertos productos en el territorio nacional, pero se abre la puerta a importaciones de terceros países que sí han sido tratados con esas mismas sustancias.
En la misma línea se pronunció la senadora Carmen Belén López, quien puso el foco en el hartazgo que se respira en los campos de Almería. La parlamentaria recordó que, aunque la provincia es pionera y referente mundial en el uso de control biológico y sostenibilidad, la magnitud de la plaga actual sobrepasa cualquier método tradicional en los cultivos al aire libre. López Zapata insistió en que los agricultores no buscan privilegios, sino poder trabajar en igualdad de condiciones que sus vecinos europeos, mencionando específicamente el agravio que supone la prohibición de fitosanitarios que sí están permitidos en otras regiones de la UE.
La problemática, que ya se extiende por otros puntos de la geografía nacional como Murcia o Cataluña, requiere, según los populares, una intervención coordinada que acabe con la falta de apoyo político y técnico. El objetivo final es implementar soluciones temporales y proporcionales que, ajustándose al marco legal europeo, salvaguarden la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y el futuro económico de una provincia que depende directamente de la salud de sus cosechas.
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