El Juzgado de Instrucción arranca esta semana una intensa ronda de interrogatorios a los más de cuarenta implicados en la presunta trama de corrupción que salpica a la provincia de Almería. El magistrado Manuel José Rey Bellot comenzará a tomar declaración a las personas investigadas en el denominado caso Mascarillas, un proceso judicial enfocado en el supuesto desvío de fondos y adjudicaciones fraudulentas de obras y servicios a través de la Diputación de Almería.
Las pesquisas dirigidas por la Unidad Central Operativa de la guardia civil apuntan a que los implicados habrían amañado diversas licitaciones públicas. El detonante del caso fue la compra de material de protección sanitaria en abril de 2020 por un importe de dos millones de euros, una operación efectuada en la fase más aguda de la crisis sanitaria y de la cual se sospecha que se extrajeron comisiones ilegales cercanas al millón de euros, concretamente 945.327 euros. Las autoridades intentarán esclarecer a lo largo de todo el mes de junio el alcance real de estos indicios delictivos.
El antiguo vicepresidente segundo de la corporación, Fernando Giménez, será el encargado de inaugurar el calendario de comparecencias. Los informes policiales lo sitúan en el núcleo operativo de la red, asociándolo a un grupo privado de mensajería electrónica bautizado como 'Naranjito'. En este chat participaban supuestamente otros dos altos cargos encausados: el anterior mandatario de la institución, Javier Aureliano García, y el exvicepresidente tercero, Óscar Liria.
En estas comunicaciones internas, los miembros del grupo recurrían de forma habitual a un curioso argot dental para encubrir los presuntos pagos ilegales derivados de los contratos validados por la junta de gobierno desde el año 2016. Expresiones sobre la necesidad de someterse a una limpieza, requerir empastes en varias muelas o pedir citas urgentes con el dentista debido a molestias insoportables eran, según los investigadores, metáforas recurrentes para coordinar la recepción del dinero ilícito de las mordidas.
La jornada también incluirá la declaración a distancia del empresario Kilian L.S., quien comparecerá por videoconferencia desde Barcelona. Detenido originalmente en los inicios de la operación, este empresario está considerado un intermediario clave. Su firma, Azor Corporate Ibérica, sirvió presuntamente de pasarela para canalizar la adquisición de mascarillas y guantes con un sobreprecio estimado en más del 42 por ciento. Supuestamente, los fondos habrían regresado de forma opaca a los cabecillas de la red en pagos en efectivo para su posterior reparto tras pasar por otra sociedad.
Además de este contrato, la sombra de la sospecha se extiende sobre otra empresa vinculada, Pulconal, receptora de más de 421.000 euros en dieciséis adjudicaciones menores de la Diputación de Almería durante dos años, a pesar de que la investigación señala que carecía de la infraestructura y los empleados mínimos para operar, beneficiando presuntamente también al entorno familiar de Liria. El calendario judicial, ajustado tras resolverse varios recursos de las defensas, continuará avanzando con las declaraciones de otros colaboradores y empresarios, teniendo como punto destacado la comparecencia programada del propio Óscar Liria para este viernes a media mañana.
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