La actividad judicial en la provincia de Almería ha comenzado este jueves con un imprevisto en el desarrollo del denominado caso Mascarillas. La declaración del exvicepresidente segundo de la Diputación de Almería, Fernando Giménez, que estaba prevista para la jornada de hoy en el marco de la investigación por presuntos contratos irregulares y cobro de comisiones en el seno de la institución provincial, ha tenido que ser suspendida debido a la indisponibilidad por motivos médicos de su representante legal. El letrado defensor solicitó formalmente el aplazamiento durante la jornada del miércoles, lo que obligará a fijar una nueva fecha en el calendario para que el antiguo responsable público comparezca ante el Juzgado de Instrucción.
A pesar de este aplazamiento, la ronda de comparecencias programada por el instructor Manuel Rey Bellot sigue adelante para el resto de los implicados en la causa, siendo Giménez el primero de los 43 investigados que estaban llamados a declarar. Para este jueves se mantiene la citación, mediante el sistema de videoconferencia a partir de las 11:45 horas, del empresario y supuesto comisionista Kilian L.S. Los informes elaborados por la Unidad Central Operativa de las fuerzas de seguridad vinculan a este investigado con la intermediación en un contrato valorado en dos millones de euros para la adquisición de material sanitario en abril de 2020, una operación en la que se estima un presunto sobrecoste que asciende a 945.327 euros. Sin la presencia del exvicepresidente segundo, el órgano judicial mantiene la previsión de tomar declaración a otros cuatro imputados a lo largo de toda la jornada.
A las puertas de la Ciudad de la Justicia de Almería, los representantes legales de las partes personadas han compartido sus valoraciones sobre el arranque de este proceso penal. El letrado Javier Salvador, encargado de ejercer la representación de la acusación popular en nombre del PSOE, ha manifestado el interés de su parte en que los investigados respondan con veracidad a todas las preguntas planteadas, si bien ha recordado de forma explícita que todos ellos se encuentran amparados por su derecho a no declarar. Asimismo, el representante de la acusación popular ha señalado que el desarrollo de la jornada judicial podría extenderse notablemente o abreviarse de forma drástica en función de la postura procesal que decida adoptar cada uno de los comparecientes ante el juez instructor.
Las indagaciones sitúan al exvicepresidente segundo en un lugar destacado dentro de la presunta estructura bajo investigación, al constar su participación en un grupo de mensajería instantánea denominado Naranjito. En este mismo espacio de comunicación digital también participaban de manera activa el expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, cuya citación para declarar se ha fijado para el próximo 26 de junio, y el exvicepresidente tercero Óscar Liria, quien está llamado a comparecer ante el instructor este mismo viernes. Según consta en las investigaciones, los integrantes de este grupo utilizaban la aplicación para intercambiar mensajes en clave con el fin de abordar el supuesto cobro de comisiones ilícitas derivadas de la adjudicación de obras y contratos de servicios públicos que se tramitaban en la junta de gobierno de la corporación provincial desde el año 2016 en adelante.
El análisis de las conversaciones privadas y grupales intervenidas por los investigadores revela el uso sistemático de una terminología vinculada al ámbito odontológico para hacer referencia de forma encubierta a las supuestas comisiones o mordidas económicas. En las transcripciones incorporadas a la causa figuran expresiones explícitas en las que los implicados comentaban la necesidad de someterse a una limpieza, requerir el empaste de dos o tres muelas o aludir a que sufrían dolencias por tener las muelas picadas. De igual modo, los mensajes incluían peticiones directas para concertar citas con el dentista de cara a la semana siguiente bajo el pretexto de encontrarse en una situación que les impedía comer, unas metáforas que para los encargados del caso reflejan la gestión continuada de los pagos bajo sospecha en la provincia.
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