Montero inventa juicios por corrupción inexistentes en Almería

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha protagonizado una notable contradicción institucional al abordar la actualidad judicial de la provincia de Almería. Durante una comparecencia pública, la líder socialista ha reclamado inicialmente un escrupuloso respeto a la labor de los magistrados, criticando con severidad a aquellas formaciones que, a su juicio, difunden bulos o especulaciones antes de que los tribunales emitan un pronunciamiento en firme. Sin embargo, inmediatamente después de formular esta exigencia de prudencia, Montero ha incurrido en el mismo comportamiento criticado al verter informaciones erróneas sobre la situación jurídica que afecta al entorno de la Diputación de Almería.

En sus declaraciones textuales, la dirigente aseguró que en este territorio parece que nadie quiere hablar de la corrupción y afirmó de manera categórica que «han empezado esos juicios donde nadie quiere declarar, donde nuevamente el Partido Popular no está colaborando con esa justicia». Estas palabras suponen un grave error de precisión sobre la realidad de los hechos en la provincia de Almería, puesto que en la actualidad no se está celebrando ningún juicio por corrupción contra el Partido Popular en la corporación provincial. El proceso se encuentra estrictamente en una fase de instrucción penal, un escenario en el cual la autoridad judicial se limita a llamar a declarar a las personas investigadas e imputadas para esclarecer una presunta trama, sin que exista todavía ninguna vista oral ni enjuiciamiento en curso.

Asimismo, las afirmaciones de Montero vinculan erróneamente estos hechos con las siglas del Partido Popular como organización. La realidad del caso determina que tanto el expresidente de la Diputación de Almería como los dos vicepresidentes implicados abandonaron sus responsabilidades públicas de forma inmediata, bien mediante dimisión voluntaria o a través de destituciones fulminantes, una vez que se formalizó su imputación por parte de la Guardia Civil y de las instancias judiciales competentes.

Este tropiezo informativo no constituye un hecho aislado en la trayectoria de la secretaria general del PSOE en relación con la provincia. Durante la pasada campaña electoral, Montero ya sostuvo públicamente que existían 140 altos cargos del Partido Popular imputados en un asunto de corrupción en tierras almerienses. Las estadísticas oficiales de la causa desmintieron con posterioridad dicha afirmación, reduciendo el espectro de la investigación a un total de 43 personas investigadas en toda la provincia de Almería, de las cuales menos de media docena mantenían algún tipo de militancia activa en las filas del Partido Popular.

Al margen de la controversia judicial almeriense, la representante socialista desglosó otras líneas estratégicas de su formación en el plano autonómico. Montero expresó el respaldo absoluto de su partido a las demandas formuladas por diversos alcaldes y alcaldesas ante la situación detectada en una empresa productora audiovisual proveedora de la radiotelevisión pública autonómica, calificando de sensata la petición de que la Junta de Andalucía solicite la intervención directa del Gobierno de España mediante la activación del nivel 2 de emergencia para movilizar profesionales externos. Criticó con dureza la gestión del Ejecutivo autonómico, acusándolo de inacción y de ponerse de perfil a pesar de que presuntamente se tenía constancia previa de las denuncias internas por acoso sexual, actuando únicamente cuando los hechos trascendieron a los medios de comunicación. En este sentido, consideró insuficiente el apartamiento temporal del presunto implicado y reclamó la máxima protección para las mujeres denunciantes desde el primer momento.

Finalmente, la secretaria general reafirmó el compromiso del PSOE para ejercer una oposición firme y eficaz desde el Parlamento autonómico frente al modelo de gestión del co-gobierno compuesto por el Partido Popular y Vox, poniendo especial énfasis en el freno a las iniciativas que supongan un deterioro o privatización de servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y la dependencia. Para afrontar esta etapa, Montero destacó el profundo proceso de renovación interna que experimentan las delegaciones provinciales de la organización, combinando perfiles de amplia experiencia institucional con nuevas generaciones de representantes capaces de dominar los formatos de comunicación digitales y las redes sociales, herramientas consideradas indispensables para conectar con el público joven fuera de los canales de comunicación tradicionales.