Giro clave en el futuro del polémico hotel de El Algarrobico, ubicado en el municipio de Carboneras (Almería). El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dado luz verde a la Abogacía del Estado para intervenir de manera directa en el procedimiento de ejecución forzosa que obliga a revisar y anular la licencia de obras del establecimiento. Esta decisión judicial llega en un momento crucial, coincidiendo con la sesión plenaria en la que el consistorio abordará de forma inminente el mandato judicial para invalidar el permiso de construcción concedido originalmente en el año 2003.
La Moncloa busca blindar su estrategia legal para recuperar los terrenos costeros. La representación jurídica del Gobierno central justificó su petición argumentando que posee un interés legítimo incuestionable en la causa, dado que la nulidad del permiso municipal está estrechamente vinculada al expediente de expropiación que el Ejecutivo inició por la vía unilateral a principios del pasado año. El objetivo de la administración central es tomar el control de la mitad de la superficie donde se asienta la edificación, correspondiente a la franja de servidumbre marítimo-terrestre. El suelo restante se encuentra bajo el paraguas de protección medioambiental de la Junta de Andalucía, al formar parte del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
El camino institucional se despeja así para las administraciones tras recibir también el respaldo del Consejo Consultivo de Andalucía, que ya dictaminó a favor de declarar nula la licencia. Además, la Dirección General de la Costa y el Mar sigue muy de cerca los pasos del ayuntamiento para asegurar que se cumpla de forma efectiva el fallo del alto tribunal andaluz dictado en 2021.
Mientras tanto, la promotora del hotel, Azata del Sol, mantiene su ofensiva en los tribunales para intentar frenar la intervención pública. La empresa interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la necesidad de ocupación de los suelos, aunque el pasado invierno el propio tribunal denegó las medidas cautelares con las que la compañía pretendía congelar el proceso expropiatorio.
Esta negativa judicial ha permitido al Gobierno continuar con los trámites para determinar el precio final de los terrenos, un asunto que actualmente se encuentra en manos del jurado provincial de expropiación en Almería para la fijación del justiprecio. Las posturas económicas reflejan un abismo absoluto entre las partes, ya que mientras el Estado ha puesto sobre la mesa una compensación que apenas supera los 16.500 euros, la firma privada exige el pago de 44,5 millones de euros a través de su hoja de aprecio.
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