El Ayuntamiento de Carboneras volvió a convertirse en el epicentro del conflicto político y jurídico del hotel de El Algarrobico después de que el pleno municipal decidiera aplazar la votación para anular la licencia de obras, un paso considerado clave para desbloquear el futuro derribo del edificio. La decisión, adoptada con los votos del PSOE local y varios ediles no adscritos, abrió una fractura inédita entre administraciones y dentro de los propios partidos.

La sesión, que debía ejecutar el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía favorable a la nulidad de la licencia, terminó derivando en un choque frontal. El alcalde, Salvador Hernández (Ciudadanos), defendió que el Ayuntamiento estaba obligado a votar la anulación “sin más dilación”, y acusó a los concejales que apoyaron el aplazamiento de “bloquear un mandato judicial claro”. El regidor insistió en que el expediente estaba completo y que no era necesario solicitar nuevos informes económicos.

La posición del PSOE local, sin embargo, fue diametralmente opuesta. Sus cinco concejales justificaron el aplazamiento alegando que el expediente carecía de información esencial sobre las posibles consecuencias patrimoniales para el Ayuntamiento. Argumentaron que la anulación de la licencia podría acarrear indemnizaciones millonarias y que era necesario disponer de un análisis económico detallado antes de adoptar una decisión irreversible. Esta postura provocó un terremoto interno: la dirección regional del PSOE anunció la apertura de un expediente disciplinario contra los ediles por desobedecer la línea marcada por el partido, que defiende la anulación inmediata de la licencia como paso previo al derribo.

El Partido Popular también vivió su propio episodio de tensión. Mientras los concejales del PP votaron en contra del aplazamiento, una exedil popular, Ángeles Carrillo, se alineó con el PSOE y los no adscritos, inclinando la balanza hacia el retraso de la decisión. El gesto fue interpretado por el PP como una ruptura de la disciplina política en un asunto que consideran “crucial para la seguridad jurídica y el cumplimiento de las sentencias”.

La Junta de Andalucía, gobernada por el PP, reaccionó con dureza. La portavoz del Ejecutivo autonómico, Carolina España, expresó “estupor” por el aplazamiento y advirtió de que, si el Ayuntamiento no anula la licencia, la Junta instará directamente al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a hacerlo. El Gobierno andaluz insiste en que la demolición solo puede activarse cuando la licencia quede formalmente anulada, y recuerda que el dictamen del Consultivo despeja cualquier duda jurídica.

Desde el Gobierno central, el delegado en Andalucía, Pedro Fernández, reiteró que el Ejecutivo mantiene una postura “contundente” a favor del derribo y que esperaba la anulación de la licencia para activar la comisión bilateral con la Junta. El retraso, según fuentes gubernamentales, vuelve a congelar un proceso que lleva años encallado entre recursos, informes y decisiones políticas contradictorias.

Mientras tanto, los colectivos ecologistas volvieron a exigir que se ejecute de inmediato la demolición del hotel, recordando que las sentencias que declaran ilegal la construcción llevan más de una década firmes. Greenpeace calificó el aplazamiento como “una maniobra para seguir retrasando lo inevitable”.

El futuro del Algarrobico vuelve así a quedar suspendido en un equilibrio frágil entre administraciones enfrentadas, partidos divididos y un Ayuntamiento que, una vez más, se sitúa en el centro de un conflicto que trasciende lo local. La nueva fecha para retomar la votación aún no está fijada, y cada día de retraso añade más presión a un caso que se ha convertido en símbolo de la incapacidad institucional para resolver uno de los mayores escándalos urbanísticos del país.