El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la orden dictada por la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio mediante la que se aprueba el Plan de Inspección de Vivienda Protegida para el periodo 2026-2028. Esta planificación autonómica tiene como objetivo organizar y priorizar las labores de control sobre el parque residencial protegido para garantizar que los inmuebles mantengan el uso y las condiciones exigidas por la normativa.
En el ámbito autonómico se supervisará una bolsa global de 216.482 viviendas calificadas definitivamente entre 1996 y 2025. En la provincia de
Almería, el operativo desplegará su vigilancia sobre un parque activo estimado de entre 8.500 y 9.000 viviendas protegidas, sumando los inmuebles dedicados a alquiler social público y los correspondientes a promociones en régimen de venta con calificación oficial vigente.
La realidad del parque habitacional en la provincia de
Almería muestra una estrechez del mercado caracterizada por la práctica ausencia de viviendas protegidas vacías o disponibles para su acceso inmediato. La ocupación del parque público supera el 98%, de modo que las escasas unidades que quedan libres con carácter temporal responden de forma puntual a procesos de rotación por fallecimiento o renuncia del adjudicatario, o bien a periodos de adecuación técnica previos a su reasignación. Esta alta ocupación contrasta con una intensa demanda social, ya que únicamente en el registro municipal del Ayuntamiento de
Almería figuran más de 3.000 solicitudes activas en lista de espera, lo que provoca que cualquier inmueble finalizado o liberado pase a adjudicarse de manera prácticamente inmediata.
En el apartado relativo al parque público social directo para alquiler, la
Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, gestiona entre 3.100 y 3.200 viviendas activas en la provincia de
Almería. La práctica totalidad de esta bolsa autonómica está ocupada bajo contratos de alquiler social y sus vacantes se asignan mediante lista de espera tras su preceptiva adecuación.
Por su parte, el parque municipal gestionado de forma directa en la capital por la empresa pública Almería XXI alcanza las 180 viviendas dedicadas a alquiler público asequible, tras la incorporación de las promociones desarrolladas en el Casco Histórico y Nueva Andalucía.
En lo relativo al régimen de venta que mantiene vigente su calificación de protección en el Registro de la Propiedad durante plazos legales de 10, 15 o 30 años, la provincia de
Almería contabiliza entre 4.500 y 5.000 viviendas promovidas por iniciativa pública y privada. En el ámbito municipal de la capital, de las 1.089 viviendas entregadas por la empresa pública Almería XXI desde su creación, unas 900 continúan dentro del periodo legal de protección antes de su eventual descalificación o paso al mercado libre.
El nuevo Plan de Inspección de Vivienda Protegida 2026-2028 focalizará sus actuaciones en evitar la desocupación injustificada de estos inmuebles y en verificar que los ocupantes cumplan de forma continuada con los requisitos exigidos por la Ley de Vivienda aprobada en 2025. Entre los ejes prioritarios del dispositivo destaca la localización y sanción de viviendas protegidas empleadas irregularmente como alojamientos turísticos, así como la investigación de operaciones de compraventa o subarriendo donde se apliquen precios por encima de los límites máximos legalmente autorizados.
La programación inspectora se ejecutará mediante criterios objetivos sectoriales, territoriales y cuantitativos, fijando un orden de prioridad para determinar los inmuebles sobre los que se actuará. El plan mantendrá una vigencia de dos años ampliable a un año adicional y contará con un seguimiento continuo mediante informes anuales de cumplimiento y una evaluación general al término del periodo para medir los resultados obtenidos en todo el territorio autonómico.
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