La Sección de Apelación Penal de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA), con sede en Granada, ha confirmado íntegramente la condena de once años de prisión impuesta por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería a un hombre considerado autor criminalmente responsable de un delito continuado de agresión sexual a menor de dieciséis años mediante acceso carnal y con prevalimiento. La resolución judicial desestima el recurso interpuesto por la defensa del procesado y ratifica además la obligación de indemnizar a la perjudicada con sesenta mil euros, más los intereses legales correspondientes, rechazando así los argumentos que cuestionaban la valoración de la prueba testifical y la proporcionalidad de la pena aplicada.
Los hechos declarados probados en la causa, procedente originalmente del Juzgado de Instrucción número 2 de
Almería, se remontan al verano del año 2011 y se prolongaron durante varios meses en un domicilio situado en la capital almeriense. En aquella época, el condenado, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana y con antecedentes penales no computables para este procedimiento, mantenía una relación sentimental con la madre de la víctima, con quien convivía junto a la menor. La niña, nacida en octubre de 2004, contaba entonces con entre siete y ocho años de edad y quedaba al cuidado del procesado en los momentos en los que su progenitora se ausentaba de la vivienda por motivos laborales.
Según recoge la sentencia ratificada, el hombre aprovechaba estas situaciones en las que se encontraba a solas con la menor para satisfacer su ánimo libidinoso mediante diversos actos de naturaleza sexual. En uno de los episodios relatados, estando en el dormitorio de la madre, le pidió a la niña que se pusiera de rodillas sobre la cama, le bajó los pantalones y se masturbó delante de ella rozando su pene con las nalgas de la pequeña hasta eyacular. En otra ocasión, bajo las mismas circunstancias de ausencia materna y en el interior de la habitación de la propia menor, le volvió a pedir que se arrodillara en la cama, se bajó los pantalones y la ropa interior y le introdujo el pene en la boca para obligarla a realizarle una felación. Asimismo, consta un tercer episodio en la misma vivienda en el que el acusado cogió la mano de la niña y la colocó sobre su pantalón a la altura de sus genitales, acción que no llegó a más al aparecer en ese instante el hijo del procesado, que se encontraba jugando en un balcón.
Tras cada una de estas agresiones, el hombre advertía a la víctima de que no debía contar absolutamente nada de lo ocurrido a su madre, una indicación que la menor acató en silencio durante casi una década. No fue hasta el 18 de diciembre de 2020, cuando la familia ya residía en la ciudad de Cartagena, que la joven rompió a llorar delante de su madre y, a petición de esta, le relató todo lo que había sufrido años atrás a manos de su expareja. Ese mismo día, la progenitora acudió a dependencias de la Policía para interponer la correspondiente denuncia. Como consecuencia directa de estos episodios, la víctima padeció durante años un profundo cuadro de angustia y autoculpabilidad que le generó graves problemas de inseguridad, ansiedad, afecto depresivo, trastornos en la alimentación e incluso conductas autolesivas e ideación suicida, tal y como acreditó posteriormente el informe pericial elaborado por las psicólogas forenses.
En su recurso de apelación ante el TSJA, la representación legal del acusado alegó error en la valoración de la prueba, vulneración del principio de presunción de inocencia e infracción en la determinación de la pena. La defensa cuestionó que el testimonio de la víctima reuniera los requisitos jurisprudenciales de ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia en la incriminación, argumentando la supuesta existencia de un entorno familiar desestructurado, contradicciones no concretadas y la ausencia de testigos directos o pruebas periféricas objetivas, además de señalar la demora en denunciar los hechos y la falta de concreción de las fechas exactas de cada agresión.
Sin embargo, el alto tribunal andaluz ha rechazado de plano todos estos motivos, recordando que la función revisora en apelación no consiste en repetir la valoración de las pruebas personales practicadas bajo inmediación en el juicio oral, sino en comprobar la racionalidad del discurso argumentativo de la Audiencia Provincial de
Almería. Los magistrados destacan que no existe animadversión previa ni móvil espurio alguno en la declaración de la joven, cuya demora en denunciar resulta plenamente comprensible y justificada al haber ganado madurez con el paso de los años y haberse roto la relación de pareja entre su madre y el agresor, lo que le permitió superar el temor que este le inspiraba. Del mismo modo, la Sala subraya que, siguiendo la doctrina consolidada del Tribunal Supremo, en delitos sexuales cometidos en la intimidad del entorno familiar sobre menores de corta edad no cabe exigir la exactitud cronológica de cada episodio ni corroboraciones directas inexistentes, bastando con la determinación del periodo temporal, el testimonio de referencia de la madre y el contundente respaldo del informe psicológico forense sobre las secuelas sufridas.
Respecto a la individualización de la pena, el tribunal avala el cálculo efectuado en primera instancia conforme al artículo 181 del Código Penal, en la redacción dada por la Ley Orgánica 10/2022, que castiga estos hechos con penas de seis a doce años de prisión. Al concurrir la agravante de prevalimiento por la relación de confianza y superioridad sobre la menor, la horquilla penológica se eleva a su mitad superior, situándose entre nueve años y un día y doce años, y al apreciarse además la continuidad delictiva, vuelve a aplicarse la mitad superior, comprendida entre diez años y seis meses y doce años, por lo que los once años impuestos resultan plenamente ajustados a derecho. Junto a la pena privativa de libertad y la absolución respecto al delito continuado de exhibicionismo por el que también fue acusado, se mantienen la inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena, seis años de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, veinte años de inhabilitación para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular con menores, la prohibición de aproximarse a menos de quinientos metros de la víctima o comunicarse con ella durante veinte años y una medida de libertad vigilada de diez años posterior a la prisión, además del pago de la mitad de las costas procesales de primera instancia y sin imposición de costas en la alzada.
Cabe señalar que, con posterioridad al dictado de la sentencia de apelación fechada el 14 de octubre de 2026, la procuradora del acusado presentó un escrito solicitando la rectificación de varios errores materiales detectados en el texto de la resolución. En concreto,
en diversos párrafos de los fundamentos de derecho se había escrito el nombre del acusado con una grafía distinta a la correcta, se había aludido erróneamente a una tercera inicial para referirse a la víctima y, en el apartado del fallo, se había deslizado por error el nombre de otro procesado y la referencia a un sumario de la Audiencia Provincial de Sevilla. Mediante un auto dictado en Granada el 3 de noviembre de 2026, al amparo del artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el tribunal acordó subsanar dichas erratas involuntarias dejando definitivamente fijados tanto la identidad correcta de las partes como el pronunciamiento desestimatorio contra la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de
Almería, resolución contra la que cabe preparar recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de cinco días desde su notificación.