La presidenta de la Comisión de Asuntos Europeos del Parlamento Andaluz dice que la Comisión Europea no tiene “ninguna legitimidad democrática”

La parlamentaria de IU por Almería, Rosalía Martín, realizó un duro alegado contra las políticas de la Unión Europea precisamente en la Comisión de Asuntos Europeos del Parlamento Andaluz que ella preside, pese a lo cual actuó como portavoz de su grupo.

Aunque pueda parecer paradójico la presidenta de la Comisión fue la más dura con el papel de la UE en el transcurso de la comparecencia de Anne Westman, representante de la Comisión Europea en España.

Martín criticó las políticas de “consenso” de la UE ya que “no ha dado el resultado de lo que significaría un equilibrio territorial o avanzar hacia la igualdad dentro del territorio europeo. No, lo que ha hecho ha sido avanzar en las desigualdades económicas”. Incidió en el cambio del artículo 135 de la Constitución, “en función de las exigencias que le hacía la Unión Europea, y eso lo hacía el Partido Popular y el Partido Socialista. ¿Para qué? Pues, evidentemente, para hacer girar el proyecto europeo sobre el dogma neoliberal que, en es­tos momentos, está asfixiando a través de los recortes el modelo social europeo”.

Indicó también que “el semestre europeo, es un proceso anual por el que la Comisión Europea evalúa los países del euro y sus futuros candidatos, ofreciendo recomendaciones, dictámenes, sobre sus planes presupuestarios, y reformas. Por lo tanto, lo está interviniendo. Les está quitando, por lo tanto, soberanía a los países bajo esa premisa”. Cuestionó que la comisión analiza a los Estados miembro “con riesgo de desequilibrio económico excesivo” y que había 17 países con riesgo, “o sea, de los 28, 17, me parece que es una cifra muy alta de países que están en riesgo en Europa en estos momentos, ¿no?”


La parlamentaria señaló que el objetivo de la UE es mantener el déficit público por debajo del 3% y una deuda pública por debajo del 60%, “que ese criterio nos viene de Ma­astricht, y por lo tanto son políticas pasadas; mantener el déficit estructural público por debajo del 0,5%, a partir de 2014, permitiendo desviaciones solo en casos de crisis, comprometiéndose los Estados a in­corporar este objetivo en su legislación, la reforma constitucional”.

Se quejó también de que para garantizar estos objetivos, los Estados miembro incumplen la nota..., que incumplen la normativa, se les puede sancionar con multa, desde el 0,2% o 0,5% del PIB, salvo voto contrario de una mayoría cualificada de Estados miembro “o sea, los países vuelven a estar intervenidos porque dependen de que haya determinados Estados miembro que les perdonen la vida, y, entonces, no son sancionados”.
Según su análisis “en los países con desequilibrios financieros, la comisión mantiene una vigencia permanente durante el año y emite recomendaciones siempre que lo considera adecuado, a través del procedimiento de déficit excesivo —actualmente están ahí Irlanda, España, Francia, Malta, Portugal y Eslovenia—. Y cuando los Estados miembro dependen de las ayudas financieras de la comisión —como son Grecia, Chipre—, pues, a través de la troika —que incluye, como usted bien sabe, ese Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional—, pues reciben los Fondos de Rescate Europeo, mediante el mecanismo europeo de estabilidad. ¿Y a cambio de qué?, de imponerle una serie de condiciones.”

“Por eso, desde mi grupo parlamentario, desde Izquierda Unida, no estamos a favor de la gobernanza eu­ropea aquí en estos momentos, ni a favor del semestre europeo, porque busca constitucionalizar el interven­cionismo de las instituciones europeas en el Gobierno de los Estados miembro” afirmó.

Siguió diciendo que “creemos que se sigue sin abordar los males de la Unión Europea. Seguimos sin un tesoro público euro­peo para controlar la moneda y se continúa apostando por la vía de reducción presupuestaria y del gasto pú­blico, y del rescate a la banca. Se normalizan las cuestiones económicas, la..., porque las dirimen tecnócratas en muchos casos. Se sustituye a la democracia por la gobernanza, y legitima las carencias democráticas de la Unión Europea. El rol escaso del Parlamento, la independencia del Banco Central Europeo, los programas de intervención de la troika... son ejemplos más que suficientes.”

“La introducción de la gobernanza económica, a través de diferentes acuerdos, se ha hecho con la inten­ción de impulsar el control sobre las políticas fiscales de los Estados y terminar con la soberanía en el campo de la política económica de los Estados miembro, dejándolas, por lo tanto, en manos de la Comisión Europea, órgano que, a nuestro juicio, no tiene ninguna legitimidad democrática directa” señaló la parlamentaria.

Añadió que “el semestre europeo, a nuestro juicio, erosiona gravemente la democracia, al hipotecar la so­beranía de los parlamentos nacionales a favor de la Comisión Europea —una institución, como he dicho, que tiene poca legitimidad— y deja maniatados a los parlamentos nacionales”.


La presidenta de la Comisión preguntó a la representante de la UE si en España “vamos a continuar diez años más con estos planes de ajuste y estas recomendaciones que hacen que no podamos dar los servicios públicos adecuados ni salir de la situación de crisis económica que tenemos en estos momentos”


Se quejó de que estos momentos, en España, “con seis millones de parados, prácticamente, con un cincuenta y tantos por ciento de jóvenes parados, con dos millones de personas que no tienen prestación de ningún tipo, este tipo de recomendaciones, este tipo de re­formas que vienen desde la Unión Europea son difícilmente..., difícilmente van a posibilitar que salgamos de esa situación de crisis, van a posibilitar que podamos dar respuesta a las necesidades que tiene la gente y van a posibilitar la creación de riqueza y empleo en nuestro país”.


Concluyó diciendo que “desde Izquierda Unida consideramos que la única salida a la crisis para abordar esta política que enten­demos que es desastrosa es ponernos a trabajar a favor del empleo, de la democracia, de la solidaridad, y eso significa que hay que ir hacia un nuevo tratado internacional de estabilidad, de coordinación y gober­nanza de la Europa. Tenemos que ir hacia una nueva política económica y monetaria, y debemos ir hacia un proyecto de Unión Europea que le dé la palabra a la gente, que cuente con los pueblos y que elimine las des­igualdades que en estos momentos tienen los ciudadanos y ciudadanas europeas, porque, evidentemente, a golpe de reforma, a golpe de recomendación estamos viendo que no sale de la situación de crisis económica y lo que va a ocurrir en unos años es que, efectivamente, los países del sur seremos del sur, del sur, Andalu­cía estamos un poquito más al sur, frente a otros países europeos que, evidentemente, implantarán su eco­nomía a costa de empobrecer al sur de la Unión Europea”.