Planteamos la entrevista con el Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Almería, Antonio Pérez Gallegos, en relación a un único tema, el de la corrupción. ¿Qué es corrupción? ¿tienen medios para luchar contra ella? ¿se investiga lo suficiente? ¿cuantos casos hay en Almería? ¿deben dimitir los políticos imputados? Una voz autorizada responde a estas preguntas.
La primera cuestión que abordamos es cuantos casos de corrupción política se están investigando en la provincia, y ahí aparece el primer escollo. Nada dice el Código Penal sobre cuales son los delitos o las circunstancias en que estos se producen para poder ser calificados de corrupción,, apunta el fiscal Antonio Pérez Gallegos, quien añade a modo de ejemplo que en su opinión profesional, la prevaricación (dictar resoluciones a sabiendas de que son injustas o ilegales) aun siendo siempre delito “no tiene por qué ser corrupción siempre”. Señala que hay otros más directamente afectos a ella, como la malversación, apropiación indebida (lo que vulgarmente sería meter la mano en la caja del dinero público), o el cohecho (cobrar por hacer algo que ha de hacerse gratis o cobrar por hacer alguna ilegalidad) y el tráfico de influencias (servirse del puesto público para medrar).
Pero si cuando se habla de corrupción se señala a los políticos, Pérez recuerda que esto también afecta a empleados públicos, y que si a ellos les añadimos lo que denomina “corrupción social”, y que sería el fraude a la Hacienda Pública o la Seguridad Social, en la provincia podrían estar bajo investigación un centenar.
Sobre los medios para luchar contra la corrupción desde la Justicia, Pérez es muy duro en su análisis y explica que “han aflorado más casos de corrupción y los medios siguen siendo los mismos o inferiores, y no es solamente la Fiscalía... los jueces, los policías, toda esas plantillas están igual que hace varios años o reducidas por los recortes, por que las bajas no se cubren, cuestan mucho que se cubran, hay que mendigarlas”. Afirma que además faltan funcionarios en los juzgados y en Fiscalía, inspectores de Hacienda y de Trabajo “la situación es lamentable, paupérrima”.
A todo ello atribuye otro de los males del sistema judicial, y que ha generado una importante polémica añadida, el de la tardanza en la instrucción. Si los asuntos normales ya de por si acumulan retrasos, los relacionados con la corrupción más aún, y podemos recordar el caso de la Operación Poniente en Almería, o el de los ERE en Andalucía. El fiscal reconoce que “los casos se eternizan” pero insiste “estamos los que estamos, y tenemos que estar en mil cosas”.
En ese sentido destaca la buena idea que fue poner en marcha las fiscalías especializadas, pero advierte que salvo contadas excepciones, no hay “equipos” si no un único fiscal que se ocupa de un área (medio ambiente, económicos, mujer...) y además de todo lo que le caiga.
Sin poder certificar las cifras, puesto que se darán a conocer en la Memoria 2014 que se presentará el próximo año, Pérez admite que “no sólo en corrupción, por desgracia en cualquier tipo delictivo (Almería) no está a la cola, solemos estar a la cabeza” en los medidores relativos. Es decir, que si el Meditarráneo, de Gerona a Cádiz “tiene similitudes”, y es donde más corrupción se concentra, nuestra provincia descata en datos porcentuales aunque no en cifras absolutas. De esta forma “tenemos tanto como Málaga, si no más, o que Alicante, por decir dos ejemplos que tienen más pero con una población que triplica...”
El fiscal afirma que últimamente se ponen muchas denuncias, pero a su vez suelen adolecer de base documental o jurídica, lo que obliga a archivarlas. Asegura que esto se produce por que no se puede abrir una investigación en base a meras sospechas o conjeturas “lo tenemos prohibido” ya que “sería un Estado no democrático y de Derecho”. Le sorprende que entre quienes a veces acuden a denunciar “a la ligera” se encuentren organizaciones políticas. Hay quien aporta un “relato literario” y “se queda tan a gusto” con el fin de poder decir que ha llevado algo a la Fiscalía.
Pérez llega a apuntar que tal vez la gente desconozca esta necesidad de pruebas para poder actuar, pero le llama la atención que eso suceda también entre los partidos políticos. Ahí llega la siguiente pregunta ¿no será que algunos acuden a la Fiscalía con el único objetivo de que el adversario político sea llamado a declarar, y por tanto sea imputado? Aunque luego todo se archive, un imputado es una foto, un titular, y una petición de dimisión.
El fiscal no entra en si un imputado debe dimitir o no, pero sí recuerda que es un concepto “amplio” y señala que “cada caso es cada caso”, y en ello insiste varias veces a lo largo de su respuesta. Ante todo destaca que la imputación se produce en un momento muy incipiente del procedimiento pero que también es cierto que es por que hay algún indicio de delicto por débil que sea ya que de lo contrario habría sido archivado, pero que además puede ser llamado a declarar varias veces y luego acabar también en nada, y “es ante todo un derecho a defenderse, nombrar un abogado y defenderse bien asesorado”.
El fiscal es consciente de lo que supone para un político “la foto” de imputado, y por eso reitera que tampoco todos los imputados son iguales, ya que “es injusto que se equiparen dos imputados”. Pone de ejemplo que hay imputados que llegan detenidos a declarar, y eso “en principio” debe suponer que hay más solidez que cuando sencillamente se le llama “pero eso también es relativo, que generalizar es un error”. De hecho en Almería se han producido casos así, luego archivados.
Por último señala, en referencia a los imputados, que pueden ser “desimputados”, que también caso puede ser sobreseido por el juez, o incluso puede llegar a juicio y acabar en absolución. En los casos de corrupción el fiscal se muestra especialmente cuidadoso por que al ser tan largos “dan vaivenes” durante la investigación.
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