¡Hay salida!

Cuando en el año 2003 se empezaron a contabilizar las víctimas mortales de la violencia de género, la sociedad comenzó a tomar mayor conciencia del fenómeno, generándose un debate social, político e institucional donde hasta entonces las víctimas apenas estaban presentes.
Y hemos avanzado mucho. Esta visibilidad ha permitido una mayor sensibilización social y la violencia de género ocupa ahora un lugar principal en la agenda pública. Tenemos leyes, normas y herramientas eficaces que sitúan a España como uno de los países más punteros del mundo en la erradicación del maltrato en el ámbito familiar.
Sin embargo, algo falla cuando en lo que llevamos de año han sido asesinadas 50 mujeres (tres en Almería) y, sobre todo, cuando dieciséis de ellas habían denunciado a sus maltratadores. El propio Ministerio de Igualdad reconoce disfunciones en la coordinación entre los agentes implicados, lo que exige cambios en las estrategias para abordar el problema. Mejorar la formación de jueces y policías se hace necesario, dado que se dan errores en la valoración del riesgo de las víctimas y esto resulta determinante para que se dicten más órdenes de protección y para que éstas sean las adecuadas. Por otra parte, la reforma del Código Penal que tramita el Gobierno permitirá contemplar delitos como el acecho a las víctimas y endurecer las penas por delitos como el quebrantamiento de órdenes de alejamiento.
Pero no todo lo que concierne a esta lucha lo vamos a dejar en manos del Gobierno, de los jueces o la Policía. Las políticas locales deben desarrollar acciones para prevenir y concienciar a la ciudadanía, así como atender y reinsertar a sus víctimas. Desde el Ayuntamiento de Almería estamos educando en igualdad a miles de niños y jóvenes del municipio. Hemos puesto en marcha el movimiento REDALZATUVOZ con gran éxito de participación en las redes sociales. Y estamos ultimando un plan de formación para el empleo para víctimas de violencia de género con el objetivo de mejorar su capacitación personal, social y laboral para que puedan ser recuperadas social y laboralmente e iniciar una nueva vida.
Hay fallos, sí, y tienen que corregirse, pero las víctimas deben confiar en las instituciones y administraciones porque el 70 por ciento de las que lo hacen logran una salida.